La batalla judicial iniciada por el Concello de Arteixo contra el Ministerio de Transportes por optar por prolongar el acceso vial a Langosteira (conocido como cuarta ronda) y no suprimir el peaje de Pastoriza, en la AG-55, se resolverá, al menos en primera instancia, en poco más de un mes. En concreto, el 25 de noviembre. Esta es la fecha fijada por la Audiencia Nacional para realizar la votación y el fallo de este proceso, aunque el resultado no se conocerá inmediatamente, sino que la sentencia tardará unos días más, ya que deberá ser redactada. Así lo ha comunicado la Sala de lo Contencioso-Administrativo número 8 a los implicados en una providencia emitida la pasada semana.

La Audiencia Nacional acordó el pasado mes de julio dar por concluidas las diligencias del caso después de que Arteixo solicitase que se retomase el proceso al no aceptar el Gobierno central negociar para la propuesta de convenio puesta encima de la mesa por el Gobierno local y la Consellería de Infraestruturas. La Xunta había propuesto en noviembre de 2019 paralizar el proceso judicial para que el Gobierno se sentase a negociar, pero no tuvo éxito.

La Xunta y el Ejecutivo arteixano remitieron al Ministerio de Transportes un borrador de convenio para lograr la supresión del peaje de Pastoriza, en la AG-55. La propuesta supondría que el tramo de la autopista entre A Coruña y Arteixo, un vial de titularidad autonómica, pasase a manos del departamento estatal, que debería abonar una indemnización de 19 millones de euros a la concesionaria, Autoestradas de Galicia. También implicaría la renuncia a la cuarta ronda, una infraestructura con mayor coste, de entre 27 y 32 millones.

El Ministerio de Transportes rechazó de lleno el convenio por considerar que "es claramente lesivo" y causa un importante "quebranto" al Ministerio de Transportes "al suponer una inversión estimada en 138 millones de euros" en obras y en la liberalización de la vía. La argumentación del Gobierno central es que la inversión que debería realizar sería muy superior, de 138 millones. Esta cifra es el total del cálculo de la eliminación del peaje y la ejecución de mejoras en la AG-55 y la construcción del enlace de Meicende.

En 2019, solo tres días después de que la Xunta se sumase al Concello de Arteixo en su rechazo a la construcción de la cuarta ronda, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, salió en defensa de este proyecto respaldada por los responsables de los polígonos empresariales de Agrela, Pocomaco y Vío, y por la Federación de Asociaciones de Vecinos de A Coruña y el Área Metropolitana. La regidora explicó entonces que esta vía es "clave para el desarrollo económico de la ciudad y del área metropolitana", al tiempo que recordó que el proyecto, que comenzó a gestarse en el año 2014, cuenta ya con estudio informativo e informe de declaración ambiental. Aunque el Concello realizó estas manifestaciones, en el procedimiento judicial no está ni siquiera personado. Sí lo están el Ministerio de Transportes, el Concello de Arteixo, la Consellería de Infraestruturas y la Diputación coruñesa.

En cuanto a los empresarios, consideran que el nuevo vial facilitará los accesos a los polígonos. El proyecto del Gobierno no recoge ningún tipo de acceso, que se haría en fases posteriores. Creen que la cuarta ronda es compatible con liberar el peaje.