El Concello de Bergondo ha ordenado el cierre inmediato y la suspensión de la actividad del circuito de Gandarío por exceso de ruidos y "carecer de título habilitante". La clausura de este recinto, en funcionamiento desde hace años, ha propiciado las quejas de la asociación Más que Grip, que amenaza al Concello con movilizaciones si no da marcha atrás y que atribuye el cierre a "política pura y dura".

Desde el departamento de Urbanismo, que dirige el concejal Juan Fariña, sostienen que abrieron expediente tras recibir quejas de algunos residentes por exceso de ruido, corroboradas por una auditoría que concluyó que se superan los niveles permitidos. Apuntan que la apertura del expediente les permitió comprobar que este circuito, una antigua pista de karting, carece de licencia y que, según recoge el contrato de alquiler, le correspondería tramitarla a los arrendatarios.

La agrupación que utiliza el recinto para entrenamientos apunta que son una asociación sin ánimo de lucro, "no un negocio" y que no funcionan como un "grupo organizado", sino que pagan una cuota para poder utilizar las instalaciones por lo que entienden que no les corresponde tramitar la licencia.

"Es el único circuito que hay en la provincia de A Coruña, los otros están en Forcarei (Pontevedra) o Outeiro de Rei (Lugo), si lo cierran se va a complicar mucho que los niños puedan seguir entrenando, van a ser más gastos en desplazamientos y más tiempo. Ahora solo hay que contar con un par de horas, pero si tenemos que ir a otra provincia ya tienes que contar con un día entero, se complica todo mucho", lamenta Juan Alberto Pazo, que destaca que en este circuito en entrenan o entrenaron pequeñas promesas del motociclismo a nivel gallego, internacional mundial, como Borja Sánchez, Álex Sanmartín o Brais Pazo, que con solo 7 años se impuso como campeón gallego,

El colectivo denuncia que el Concello no le dio acceso al informe de ruidos y cuestionan sus conclusiones: "Tomamos todas las medidas para evitar molestias, los escapes están capados", apuntan. Afirman además que el Concello no contestó a sus escritos ni les ha explicado las medidas que deben tomar para regularizar la situación, extremo que niega el Ejecutivo.