El alcalde de Sada, Benito Portela, se mostró ayer dispuesto a asumir la gestión conveniada del pazo de Meirás, después de que los herederos de Francisco Franco asegurasen en un escrito dirigido al juzgado que acceden a la ejecución provisional de la sentencia que les obliga a devolver el inmueble al Estado, ya que se prestan a entregarlo "voluntariamente" de forma provisional hasta que la justicia resuelva su recurso contra el fallo, como adelantó ayer LA OPINIÓN. Portela prevé, "una vez formalizada la entrega", proponer de forma inmediata la gestión conveniada del pazo "para que a la mayor brevedad posible pueda estar el inmueble y terrenos intramuros a disposición del uso público", apunta el regidor en declaraciones a título particular.
El BNG, socio del Gobierno tripartito sadense, celebró el ofrecimiento de los Franco como "un nuevo triunfo colectivo de la sociedad gallega en la lucha contra la impunidad franquista". Reclama que "el Estado garantice el uso público hasta la firmeza de la sentencia" y "garantice la estabilidad profesional del personal laboral del pazo", en un comunicado en el que elude pronunciarse sobre la gestión municipal de las visitas.
El alcalde, de Sadamaioría, apunta que "el Concello solicitó la ejecución provisional de la sentencia, el Estado se comprometió a ello y ahora los Franco se marchan, forzados por una sentencia que los declara detentadores de mala fe". Portela asegura que, en cuanto el juzgado resuelva sobre la ejecución provisional, propondrá "de inmediato a las administraciones públicas competentes -Estado, Xunta y, en su caso, la Diputación- la firma de un convenio interadministrativo para la gestión y el uso del pazo y que implique la apertura diaria del inmueble declarado Bien de Interés Cultural (BIC). "Una gestión municipal de apertura del pazo que el propio Concello de Sada ya había demandado anteriormente", recuerda el alcalde, que muestra su "total disposición a asumir" esta apertura. "Queremos un pazo de Meirás que, como patrimonio colectivo, sea un bien de interés cultural con uso y servicio públicos, pero también un lugar de referencia para conocimiento y difusión de los valores democráticos e de reconocimiento de las víctimas de la dictadura, así como de la memoria de Pardo Bazán", sostiene.
El BNG, además de reclamar al Estado que garantice el uso público, solicita a la Abogacía del Estado que presente una nueva demanda para "recuperar también los terrenos extramuros". Y reclama iniciar "las acciones para definir los posibles usos que puedan albergar estas instalaciones una vez pase a formar parte del patrimonio público".
