El Parlamento de Galicia aprobó ayer con los votos del PP y la abstención del BNG y PSOE una proposición no de ley de los conservadores para pedir al Estado la cesión de la gestión del pazo de Meirás para poner en marcha "usos culturales que expliquen la historia del inmueble, reivindiquen el entendimiento y la concordia y ahonden en el papel de las escritoras en la historia de la literatura, particularmente de Emilia Pardo Bazán".
En su intervención, el diputado Alberto Pazos dio pocos detalles sobre el relato que debe ofrecer el pazo de Meirás en esta nueva etapa como patrimonio público, más allá de que debe recuperar "el espíritu original" ligado "a una escritora excepcional", la "mejor novelista española del siglo XIX", pero sin "olvidar los años oscuros como residencia oficial de un dictador".
Los futuros usos del pazo de Meirás, que los herederos del dictador Francisco Franco deberán entregar provisionalmente al Estado el 10 de diciembre, salvo prórroga, centraron el debate. Más concretamente, cómo definirlos y quiénes deben participar en el proceso. Todos los grupos coincidieron en que a la hora de fijar los contenidos se deben tener en cuenta los dos extremos que justificaron la declaración del pazo como Bien de Interés Cultural en la categoría del sitio histórico en 2008: su pasado como residencia de la escritora y, después, del dictador, pero los tres grupos discreparon sobre cómo definir los usos y cómo financiar la gestión.
?BNG y PSOE presentaron sendas enmiendas que fueron rechazadas por el PP en las que abogaban por crear una comisión o una mesa de debate para consensuar los usos y contenidos entre las distintas administraciones, entidades culturales y de la memoria histórica e investigadores que participaron en el proceso que culminó con la sentencia de primera instancia que ordena la devolución de As Torres. PSOE y BNG se mostraron partidarios también de que como paso previo a pedir la gestión de As Torres, todas las partes implicadas analicen los extremos de este traspaso y su financiación.
El BNG propuso ayer que los usos abarcasen tres ámbitos: cultural, ligado a Emilia Pardo Bazán; turísticos, y de recuperación de la memoria histórica, "con información sobre la represión franquista, el expolio de bienes y la lucha política, social e institucional por su recuperación". El diputado nacionalista Luís Bará recalcó en su intervención que se trataba solo de una propuesta y que, antes de plantear futuros usos al Estado, debían consensuarse entre todas las partes que, de un modo u otro, tomaron parte en el proceso: "Son propuestas que debe estudiar una comisión plural", recalcó. El BNG planteaba también acordar con la Diputación y el Concello de Sada el sistema de gestión y delegar las visitas en el Ayuntamiento sadense.
El PSOE coincidió en que los contenidos deben "pivotar entre la memoria histórica, el expolio de Franco y en poner en valor a Emilia Pardo Bazán", pero se opuso a reclamar ya la gestión de este BIC al Estado y reclamó una comisión plural para consensuar quién debe gestionar el bien y definir los contenidos: "Debemos dar voz a las distintas administraciones y asociaciones. Construyamos entre todos un futuro para Meirás", defendió la socialista Noa Díaz.
El PP defendió que el primer paso es reclamar la gestión al Estado para "iniciar después el diálogo con multitud de instituciones y personas para convertir Meirás en un lugar de referencia para el conjunto de los gallegos". El diputado del PP, José Alberto Pazos, afirmó en el debate que se "tendrán en cuenta las aportaciones de todos", pero la formación no accedió a incorporar las enmiendas de la oposición en ese sentido.
La exposición de motivos de la proposición no de ley del PP fue objeto también de críticas. Los populares afirmaban en el texto que el proceso que culminó con la sentencia que ordena a los Franco devolver el pazo de Meirás se inició hace tres años en el Parlamento con la solicitud de un informe histórico-jurídico que analizase las vías para recuperar el inmueble.
BNG y PSOE le echaron en cara a los populares que pretenden ahora cambiar el relato y omitir el papel realizado por los movimientos sociales, investigadores como Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo, autores del libro Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio, y de instituciones como la Diputación, la primera en solicitar un informe que abrió el camino al apuntar a una simulación de la compraventa, extremo ratificado finalmente por el juzgado.
El diputado nacionalista Luís Bará y la socialista Noa Díaz recordaron además al PP que durante años votaron en contra de las iniciativas para recuperar el pazo, que cuestionaron su declaración de BIC y que se opusieron a intervenir para evitar que la Fundación Francisco Franco gestionase los itinerarios.
Los populares se defendieron de las críticas apelando a la falta de soporte legal para impedir que la fundación franquista gestionase las visitas a Meirás. El diputado José Alberto Pazos apuntó además que en la memoria expositiva de la moción se refería exclusivamente al papel "determinante" del Parlamento en el proceso judicial, pero que su formación había reconocido en numerosas ocasiones la labor de los historiadores o colectivos por la recuperación de la memoria, pero sin mencionar nuevamente a la Diputación y a la Xunta Pro Devolución que impulsó en 2017, un organismo que acaba de anunciar precisamente que se reunirá el viernes para abordar los posibles usos del pazo Meirás y el relato que se debe ofrecer en las visitas.
El PP no se pronunció en su intervención sobre la petición del BNG de delegar en el Concello de Sada la gestión de los itinerarios ni sobre las medidas económicas que deberán acompañar una posible cesión provisional de la gestión del pazo a la Xunta.
