Los herederos del dictador Francisco Franco presentaron ayer, 20-N, el escrito de oposición a las medidas cautelares dictadas por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, que les ha prohibido retirar ningún bien del pazo de Meirás hasta realizar un inventario completo. En un recurso de 19 páginas, al que ha tenido acceso este diario, el despacho de Luis Felipe Utrera Molina tacha de "improcedente" la orden de la jueza que, critican, se dictó sin dar audiencia a los demandados.

Los Franco recuerdan que la sentencia de primera instancia que les ordena a devolver el pazo de Meirás al Estado se limita al edificio y fincas intramuros. En contra de lo que mantiene la Abogacía del Estado, los descendientes del militar golpista sostienen que la declaración de As Torres como Bien de Interés Cultural se limita al edificio y que la propia ley de patrimonio estipula que para extender la catalogación a los bienes muebles del interior, estos deben identificarse previamente. Los letrados Luis Felipe Utrera-Molina y Antonio Gil Evangelista llaman la atención sobre el hecho de que el propio decreto de declaración de BIC de 2008 no recoge un inventario de elementos del interior a proteger, un extremo sobre el que llamó también la atención el Concello de Sada que, desde que se desató la polémica por una posible mudanza, ha reclamado insistentemente la modificación urgente de la resolución para incorporar aquellas piezas que deben permanecer en el pazo de Meirás para la correcta interpretación de este sitio histórico.

Los representantes legales de la familia Franco se muestran sorprendidos por la decisión del juzgado de ordenar ahora un inventario de bienes cuando estos no fueron objeto de litigio y han podido moverse sin ningún tipo de cautelas hasta ahora. Su traslado, remarcan, "es algo que han podido hacer durante todo este tiempo" sin limitaciones de ningún tipo, salvo en lo relativo a las estatuas del Mestre Mateo, que por su condición de BIC, requieren de autorización autonómica para su traslado.

Los Franco piden por todos estos motivos dejar sin efecto las medidas cautelares y la eliminación del inventario de bienes ordenado por la jueza. Los herederos del dictador alegan que su realización y divulgación supone una vulneración de su derecho a la intimidad. Defienden los letrados que, de no tomarse todas las medidas para la destrucción de este inventario, "se estaría posibilitando el conocimiento y la revelación de una información que afecta a la íntima esfera personal y familiar" de sus representados.