Los herederos del dictador Francisco Franco presentaron el viernes 20-N el escrito de oposición a las medidas cautelares dictadas por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, que les ha prohibido retirar ningún bien del pazo de Meirás hasta realizar un inventario completo. En un recurso de 19 páginas al que ha tenido acceso este diario, el despacho de Luis Felipe Utrera-Molina tacha de "improcedente" la orden de la jueza que, critica, se dictó sin previa audiencia a los demandados.

Los Franco subrayan que la sentencia de primera instancia que les condena a devolver el pazo de Meirás al Estado se limita al edificio y fincas intramuros. En contra de lo que mantiene la Abogacía del Estado, los descendientes del militar golpista sostienen que la declaración de As Torres como Bien de Interés Cultural se circunscribe al edificio y que la propia ley de patrimonio estipula que para extender la catalogación a los bienes muebles del interior, estos deben identificarse previamente.

Los letrados Luis Felipe Utrera-Molina y Antonio Gil Evangelista llaman la atención sobre el hecho de que el propio decreto de declaración de BIC de 2008 no recoge un inventario de los elementos del interior a proteger, extremo sobre el que llamó también la atención el Concello de Sada que, desde que se desató la polémica por una posible mudanza, ha reclamado insistentemente la modificación de la resolución para incorporar aquellas piezas que deben permanecer en Meirás para la correcta interpretación de este sitio histórico.

Los representantes legales de la familia Franco se muestran sorprendidos por la decisión del juzgado de ordenar ahora un inventario de bienes cuando estos no fueron objeto de litigio y han podido moverse sin ningún tipo de cautelas hasta ahora. Su traslado, remarcan, "es algo que han podido hacer durante todo este tiempo" sin limitaciones de ningún tipo, salvo en lo relativo a las estatuas del Mestre Mateo que, por su condición de BIC, requiere de autorización autonómica para su traslado.

Recuerdan además que el pazo sufrió un incendio en 1978 y afirman que "la inmensa mayoría" de los bienes depositados actualmente en el inmueble "están allí desde una fecha posterior a la del fallecimiento" del dictador.

Los Franco piden por todos estos motivos dejar sin efecto las medidas cautelares y la eliminación del inventario de bienes ordenado por la jueza. Los herederos del dictador alegan que su realización y divulgación supone una vulneración de su derecho a la intimidad. Defienden los letrados que, de no tomarse todas las medidas para la destrucción de este inventario, "se estaría posibilitando el conocimiento y la revelación de una información que afecta a la íntima esfera personal y familiar" de sus representados.

El antecedente de 2007

No es la primera vez que los Franco se oponen a una inspección del pazo de Meirás. En 2007, la hija del dictador, Carmen Franco, pleiteó contra la visita de un equipo técnico de la Consellería de Cultura, presidida entonces por la nacionalista Ánxela Bugallo. La inspección tenía por objetivo constatar el nivel de conservación del edificio y realizar un "reportaje fotográfico completo" y se enmarcaba en los trabajos previos a la declaración de Bien de Interés Cultural del inmueble. La hija del golpista se opuso hasta el final alegando que vulneraba su derecho a la intimidad.

En 2007, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia rechazó el recurso al entender que la visita técnica se limitaba a constatar el estado del pazo y que el reportaje fotográfico completo tenía realmente por objeto "tomar fotografías que revelen el estado de conservación del edificio y su entorno". Dos años después, sin embargo, el Tribunal Supremo estimó parcialmente el alegato de Carmen Franco y acordó la suspensión de la realización de este reportaje fotográfico completo al entender que contravenía la doctrina constitucional sobre protección del domicilio.

El aviso "insólito" de la Xunta

En su escrito de oposición, los Franco califican de "sencillamente insólita" la "insinuación" que desliza la Xunta en su escrito a favor de las medidas cautelares. En concreto, el aviso de que "se abstengan de realizar cualquier operación de destrucción de lo existente en el bien inventariado". "No alcanzamos a entender que han hecho o dejado de hacer los aquí demandados que permita albergar la más mínima sospecha de que, antes de entregar la posesión del inmueble, se van a dedicar a destruir lo que hay en su interior", replican los letrados en su recurso.