El conflicto entre el Concello de Sada y la policía se enquista con la plantilla en cuadro

Hay un único punto de consenso: la plantilla de la Policía Local está en cuadro. Actualmente Sada dispone solo de tres agentes en activo y uno de ellos abandonará el cuerpo el miércoles tras obtener plaza en otro Ayuntamiento. El alcalde, Benito Portela, pone el acento en el elevado número de bajas. "Once agentes están de baja y tres están en la Academia", apunta el regidor, que ha pactado con la Subdelegación del Gobierno un refuerzo de la Guardia Civil para intentar compensar esta merma de policías.

El sindicato mayoritario, el CSIF, al que pertenecen buena parte de los agentes de la Policía Local, acusa al regidor de "tergiversar" la realidad. De los 22 efectivos que había hace diez años, dice, quedan 12 y destaca que, entre las bajas, hay una de larga duración de un agente muy próximo a la jubilación y otra de un efectivo que se dio de baja nada más incorporarse. En la práctica, dicen, son 12 agentes, 11 a partir del miércoles. El sindicato denuncia que la policía lleva años en cuadro, recalca que la mayor parte de las bajas "son por actuaciones policiales" y acusa a Portela de incidir en este punto para poner a la población "en su contra". Denuncia que los actuales efectivos son insuficientes para cubrir los turnos, por lo que demandan un cuadrante rotativo. El Gobierno local admite que los efectivos son escasos, pero subraya que tres están en la Academia y se incorporarán pronto y que ha convocado otras dos plazas, incluida la de inspector jefe.

En los últimos meses el conflicto ha subido de tono. El CSIF ha solicitado dos reuniones con los partidos que integran el Gobierno local: Sadamaioría, BNG y Alternativa dos Veciños. Solo BNG y Alternativa asistieron a los dos encuentros. Sadamaioría, que asume las competencias en Seguridad Ciudadana, se ausentó de la segunda reunión. El alcalde, que no asistió a ninguna de las citas, justifica esta ausencia por "respeto" a los otros sindicatos: "Fuimos a la primera reunión y el resto de las centrales se sintieron agraviadas. No fuimos a la segunda porque solo la convocó el CSIF", apunta.

Su explicación no convence al CSIF. Tampoco a los socios de Sadamaioría en el Gobierno local. "Evidentemente en la negociación tienen que estar todos los sindicatos, pero eso no fue una negociación, fue una reunión que nos solicitó el CSIF", matiza la edil María Nogareda, de Alternativa, dos Veciños. A consulta de este diario, la edil puso el acento en la necesidad de sentarse a negociar para reconducir la situación y garantizar este servicio "imprescindible". "Creemos que el turno de noche no tiene sentido y que tiene que establecerse un turno rotativo", defiende Nogareda, que aboga por una modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo negociada con los trabajadores: "Con el viento a favor, podría estar en tres meses", apunta y añade: "Ante un conflicto hay que distanciarse, tomar perspectiva y después sentarse a negociar". La portavoz del BNG, Isabel Reimúndez, con la que este diario intentó ayer contactar sin éxito, también abogó recientemente por el diálogo para intentar alcanzar un punto de acuerdo.

El conflicto se encona más cada día. Fuentes del cuerpo dirigen sus dardos contra el alcalde y Sadamaioría. Acusan al regidor y a la formación a la que representa de pretender "desmantelar" la policía, "echar por tierra su trabajo" y negarles sin motivo un cuadrante rotativo y el pago de horas extra. La situación es cada día más tensa. El último motivo de desencuentro se produjo el viernes, a raíz de la renuncia del Concello a una furgoneta cedida gratuitamente por la Dirección General de Tráfico para controles de alcoholemia y velocidad. "Esto va a repercutir gravemente en la seguridad", denunció el CSIF. El alcalde dijo desconocer si podía prorrogarse el convenio y apuntó a la falta de efectivos: "Tenemos cuatro coches y dos policías, con eso lo digo todo", ironizó.

Uno de los principales puntos de discordia gira alrededor del pago de horas extra. La Policía Local denuncia que el Concello le adeuda buena parte de las realizadas en marzo, abril y mayo por motivo de la pandemia. Un informe de Secretaría del 28 de septiembre concluye que procede reconocer estos trabajos extraordinarios al estar firmados los estadillos previos con los turnos por el alcalde o concejala delegada. Portela afirmó desconocer el "contenido exacto" del informe y defendió que "todas las horas extra propuestas por el Gobierno local con el cuadrante normal fueron pagadas" pero cuestionó el resto: "Cambiaron el cuadrante, hicieron turnos de 24 horas, y dicen que hacen horas de más, pero habrá que comprobarlo con el cómputo anual", defendió el regidor, que recordó que el convenio regulador estipula que la primera opción pasa por recompensar estas horas de más con días libres.

El cambio de cuadrante es otro motivo de discordia. El CSIF denuncia que, en respuesta a su petición, Portela "amenazó" con ejecutar la sentencia que tiene en vilo a más de cincuenta trabajadores y "mandarlos a casa" (en alusión al fallo, que entre otros extremos, anuló parcialmente las bases específicas de la oferta de empleo público aprobada en 2006). El regidor niega este extremo y sostiene que se limitó a advertir de que habría que "analizar jurídicamente la sentencia por si puede tener incidencia en la modificación de la RPT".

La gestión de las denuncias ha abierto otro frente entre policía y Concello. El CSIF denuncia que no se han tramitado las de denuncias por incumplimientos de la normativa del Covid y tampoco la mayoría de las impuestas a locales desde 2016. Afirman que comprobaron este extremo a raíz de que un particular presentase un escrito en el que acusaba a la Policía de desoír desde hace años sus denuncias y anuncian que darán cuenta de este "presunto delito" a las autoridades y organismos competentes. Benito Portela niega que haya guardado las denuncias en un cajón y apunta a la falta de personal para justificar la demora. "Se van a tramitar todas. Secretaría va a nombrar un instructor para iniciar los expedientes. Intentaremos delegar en Xunta las vinculadas con el Covid cuando haya un acuerdo definitivo entre Fegamp y Xunta", apunta.