El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha aplazado hasta el próximo miércoles la vista para debatir la procedencia de las medidas cautelares que impiden a los herederos del dictador Francisco Franco trasladar ningún bien del pazo de Meirás y que ordenan realizar un inventario completo de los mismos. La jueza Marta Canales ha admitido a trámite la petición de medidas cautelares que ha presentado el Estado, que cambia su estrategia y solicita ahora el ser depositario cautelar de los bienes hasta que haya una sentencia definitiva sobre la propiedad del pazo de Meirás.

La jueza ha admitido a trámite la petición de medidas cautelares de la Abogacía del Estado y ha aplazado la vista para “dilucidar de forma conjunta” la solicitud estatal y el recurso de los Franco contra la prohibición de retirar bienes del pazo. Como ya informó este diario, los herederos del dictador alegaron en su recurso que los bienes muebles no habían sido objeto de demanda y que el inventario vulneraba su derecho a la intimidad, por lo que piden su destrucción.

La Abogacía del Estado reclamó inicialmente medidas cautelares para impedir el “vaciado” del pazo de Meirás y alegó que, como Bien de Interés Cultural, gozaba de protección integral “que se extendía a todos sus elementos y componentes” y demandó la elaboración de un inventario para “preservar la integridad del bien, asegurar que no se vulneren las medidas de protección que recaen sobre el mismo y que el derecho a la propiedad del Estado sobre el inmueble y todos sus elementos o pertenencias no se vea comprometido de cara a una eventual ejecución definitiva.

Los servicios jurídicos del Estado mantienen su petición de realizar un inventario detallado de los bienes muebles, pero solicitan posponer el debate sobre la titularidad de los mismos hasta que exista una sentencia definitiva. Consideran que se trata de un debate “complejo y con muchos matices” y que lo oportuno en este momento procesal es declarar a la Administración General del Estado depositaria de los bienes, dado que la Justicia le ha dado inicialmente la razón en su acción reivindicatoria.

La Abogacía considera que todos los bienes deben permanecer en As Torres de momento, “salvo de los enseres de estricto uso personal” o aquellos que, “por sus características, nada aporten a su significación como Bien de Interés Cultural”, que podrán ser retirados por los Franco. En un escrito de nueve páginas al que ha tenido acceso este diario, la Abogacía del Estado califica de “un tanto simplista” la argumentación de los Franco y cuestiona que pretendan que el pazo de Meirás reciba el tratamiento de un “bien ordinario”. Los abogados recuerdan que se trata de un Bien de Interés Cultural con la categoría de sitio histórico, ligado a su pasado como residencia de Emilia Pardo Bazán y del dictador. El BIC, inciden, está “íntimamente ligado al mantenimiento de la unidad de todos sus elementos integrantes”.

La “retirada de todos los muebles y elementos que existen en el pazo de Meirás”, alegan, “podría menoscabar su utilización provisional como Bien de Interés Cultural”, dado que el inmueble debe seguir abriendo sus puertas a las visitas al menos cuatro días al mes como sitio histórico

Los servicios jurídicos del Gobierno considera “patente” que, hasta que exista una sentencia definitiva, “no debe destruirse la unidad de los bienes que la conforman” y que los bienes deben permanecer en el pazo bajo un depósito de la Administración General del Estado.

Los abogados Javier Suárez y Adela Álvarez sostienen que la Ley de Enjuiciamiento Civil ampara su petición y recoge la posibilidad de dictar una medida cautelar para el depósito “cuando la demanda pretenda la condena a entregar la cosa mueble y se encuentre en posesión del demandado”. Consideran que esta medida “redundaría de forma evidente en beneficio de ambas partes”, dado que con la realización del inventario los Franco tendrían “plenamente garantizado su derecho al reintegro íntegro de todos los bienes depositados, en el supuesto de que la sentencia [que ordena la devolución del pazo al Estado] resulte revocada”.

Los letrados del Estado entienden que los Franco no sufrirán “perjuicios de carácter irreparable” por la “privación temporal de la posesión de los muebles” y argumentan que su petición permitirá mantener los plazos de la entrega provisional del pazo, fijada para el 10 de diciembre.

La propiedad, debate futuro

Sobre la titularidad de los bienes muebles del pazo de Meirás, la Abogacía sostiene que se trata de una “problemática compleja y con muchos matices” y que será en fase de ejecución definitiva de la sentencia, en caso de que esta sea favorable al Estado, cuando “deberá determinarse la extensión de la obligación de entrega”.

Pese a ello, la Abogacía avanza en su escrito algunos argumentos legales en los que podría basar en el momento oportuno su pretensión reivindicatoria sobre parte de los elementos. Apunta que el artículo 1097 del Código Civil establece que “la obligación de dar cosa determinada comprende la de entregar todos sus accesorios, aunque no hayan sido mencionados”. Apunta también al artículo 409, que recoge que “la posesión de una cosa inmueble comprende la de los bienes muebles mientras no conste o acredite que deben ser excluidos. Inciden además, en que el Código Civil incluye en la categoría de bienes muebles “las estatuas, relieves, pinturas, u otros objetos de uso y ornamentación colocados en edificios o heredados por el dueño del inmueble en tal forma que revele el propósito de unirlos de un modo permanente”.

La Abogacía del Estado apunta además a la posibilidad de mantener varios elementos vinculados al pazo a través de los mecanismos que recoge la Ley de Patrimonio Cultural para proteger los Bienes de Interés Cultural. El Concello de Sada fue el primero en apuntar a esta posibilidad y demandó una modificación del decreto de declaración de BIC de As Torres para incorporar un anexo con los bienes que deben quedar vinculados al inmueble por su importancia para interpretar este sitio histórico.

Desalojo de los guardeses

La Abogacía del Estado no se opone a otorgar un plazo superior a los guardeses del pazo de Meirás para desalojar su vivienda. Incide en que esta medida debe “referirse exclusivamente a las dependencias que constituyen su vivienda habitual” y que durante ese período “no podrán prestar ningún tipo de servicio en el pazo en favor de la Administración General del Estado”, debiendo “dirimir las controversias que puedan surgir en su relación laboral” con sus empleadores, en alusión a los Franco.