El Tribunal Constitucional anuló en 2017 el impuesto municipal sobre las plusvalías en caso de que hubiese pérdidas en las transmisiones. Este tributo en teoría grava la revalorización de los inmuebles cuando son vendidos pero en la práctica era abonado siempre, aunque hubiesen perdido valor. Esta decisión provocó una avalancha de reclamaciones de los contribuyentes en los concellos. Arteixo ha contabilizado 184 recursos de pérdidas desde 2018, es decir, una media de cinco al mes. El elevado número y el vacío legal ha provocado que el Gobierno local haya contratado a un bufete de abogados para que se encargue de examinar una por una las reclamaciones y ver la base legal que tienen en función de la normativa actual.

El Ejecutivo municipal explica que “la realidad es que hay una sentencia del Tribunal Constitucional del 2017, pero el Gobierno central no ha trasladado esa sentencia a las leyes y normativas de Hacienda, con los que los ayuntamientos tampoco tienen una base legal para cambiar sus ordenanzas”.

El bufete está contratado para “examinar una por una y ver qué base de reclamación tienen y cuál es la situación legal en la actualidad”, según señala el Concello. Se encarga de los recursos en vía administrativa. La concejal de Economía y Hacienda, Patricia Amado, autorizó a principios de mes este gasto mediante un contrato menor. El importe del servicio asciende a 8.470 euros. La empresa es Delfa Losa Abogados.

El Gobierno local detalla que se “examinará caso por caso y se responderá”. También explica que “lo normal” es que los recursos contengan un escrito en el que el particular dice que vendió por menos de lo que le costó”, pero no siempre está tan claro, con lo que el proceso se complica a la hora de decidir si se estima o rechaza la reclamación realizada. “A veces está claro (escritura de compra con un valor y escritura de venta con un valor menor), pero muchas veces hay gente que reclama temas relacionadas con herencias u otros temas cuya demostración de que han vendido con pérdidas depende de valoraciones periciales externas con lo cuál no es tan fácil dilucidar si han vendido con pérdidas o no, ya que sería una valoración del mercado en un momento del pasado respecto a una valoración del mercado en un momento actual”, según detalla el Ejecutivo municipal.

Ya han pasado más de tres años y medio desde que el Tribunal Constitucional dictó los primeros fallos que anulaban el impuesto de plusvalía municipal cuando la venta de un inmueble no generaba ganancia alguna para el propietario, pero los contribuyentes siguen abocados al pago de una factura fiscal de tres ceros aunque no haya habido beneficio alguno.

Pese a las reiteradas reclamaciones de afectados y de los propios ayuntamientos al Gobierno central para agilizar la reforma de la Ley de Haciendas Locales, en la que se fijarán los criterios para realizar el cálculo en base a las sentencias de inconstitucionalidad, sigue sin ser una realidad después de haber iniciado su tramitación en febrero del año 2018.