El edificio de la Antigua Audiencia Provincial de A Coruña acogió ayer una vista para debatir dos cuestiones como paso previo a la entrega provisional del pazo de Meirás al Estado, fijada para el próximo 10 de diciembre. De una parte, el recurso de los herederos de Francisco Franco contra las medidas cautelares que les impiden retirar ningún bien del pazo de Meirás hasta realizar un inventario completo y, de otra, la petición del Estado de ser declarado depositario provisional de todos los bienes, salvo “enseres de uso personal”, hasta que haya una sentencia definitiva sobre la titularidad del pazo.

En la vista, que duró más de tres horas, las partes repitieron básicamente los argumentos plasmados por escrito en sus alegaciones. Estado, Xunta, Diputación y los concellos de Sada y A Coruña pidieron que se mantenga la medida cautelar de elaborar un inventario y que se decrete el depósito judicial de los bienes hasta que haya un fallo definitivo. Fundaron su petición en la necesidad de “preservar la integridad” de este Bien de Interés Cultural y defendieron posponer el debate sobre la titularidad de cada una de las piezas qua atesora hasta que la sentencia sea firme.

Los Franco reclamaron el alzamiento de la medida cautelar del inventario y se opusieron a la solicitud del depósito cautelar de los bienes, que ven “clamorosamente improcedente.” Durante la vista, su abogado, Antonio Gil, abrió la puerta a permitir que los bienes muebles permanezcan en el pazo de forma provisional , pero“siempre y cuando sea en base a un acuerdo mínimamente razonable”. “Si se quedan será por un precio razonable, aunque sea simbólico”, recalcó. El abogado apeló a esta posibilidad de pasada en su intervención inicial, pero no hizo ninguna mención a la misma en el turno de conclusiones, en el que se limitó a reclamar que se rechace la petición del depósito cautelar y se revoque la orden de realizar el inventario y la prohibición del traslado de bienes.

El Estado, la Xunta y los concellos no se pronunciaron sobre la posibilidad de ese depósito previo pago que planteó el representante legal de los Franco. Las administraciones adujeron que la solicitud del depósito cautelar de los bienes muebles solo pretende “preservar la integridad del bien”, impedir que el pazo “se desmembre, se desintegre” o que se “pierda la pista” de las piezas histórico-artísticas que atesora. Incidieron en que la medida pretende velar por su correcto uso como Bien de Interés Cultural y garantizar que se conserven los elementos que sean de titularidad estatal, extremo que se concretará cuando haya una sentencia definitiva. “Podemos suscitar un debate totalmente estéril sobre la titularidad de los bienes, cuando puede que la sentencia sea revocada. Ahora lo que se pretende es evitar que la sentencia se incumpla. Nada más”, adujo el abogado de la Xunta, que calificó de “absolutamente simplista y reduccionista la visión” de los Franco.

Las partes demandantes sostuvieron en que las medidas cautelares que piden son “proporcionales” por “el bien del que se trata” y recalcaron que el pazo de Meirás “es un bien demanial” que funcionó como residencia oficial de verano del jefe del Estado y que fue declarado además Bien de Interés Cultural en la categoría de sitio histórico.

El abogado del Estado, Javier Suárez, adujo que la petición de un depósito cautelar de los bienes se impuso tras anunciar los Franco en prensa su intención de “vaciar” el inmueble antes de su entrega el Estado y que cobró más fuerza tras la visita para realizar el inventario., que disparó las alarmas “Ahora mismo existen dudas sobre la extensión de las obligaciones de entrega”, apuntó el letrado, que incidió en que hay partes que conforman con el inmueble un todo de carácter indisociable, elementos estructurales como “balaustradas, pináculos, escudos, hórreos, estatuas, cruceiros...” o el pazo de Dodro, trasladado pieza a pieza. La Abogacía del Estado apuntó que hay otros bienes que deben quedar vinculados al pazo por resultar evidente la intención de sus poseedores de que quedasen “unidos de forma permanente en el futuro”, tal y como estipula la ley. “Todavía no se sabe muy bien todo lo que hay, pero hay muebles como mesas, sofás, tapices que puede que deban incorporarse por razón de su destino” adujo el abogado, que subrayó además la necesidad de que se mantengan los bienes de Patrimonio Nacional afectos al uso del pazo como residencia oficial.

Los letrados del Estado, Xunta y el Concello de Sada citaron varios artículos del código civil que establecen que “la obligación de dar cosa determinada comprende la entrega de todos los accesorios, aunque no hayan sido mencionados” o que “la posesión de una cosa inmueble comprende la de los bienes muebles mientras no se acredite que deben ser excluidos”. “Si consideran que determinados muebles son suyos que lo demuestren, pero hay una presunción de inmantación en relación al inmueble”, apuntó el letrado autonómico.

El representante legal de los Franco acusó a sus rivales de “equivocarse radical y estrepitosamente”. “Y dudamos que de forma inconsciente”, apostilló. Antonio Gil incidió en que los bienes muebles no fueron objeto de la demanda, que se circunscribió al edificio y las fincas, por lo que considera que no cabe pedir ahora su depósito cautelar. “Si consideraba que su derecho a la propiedad se extendía a los bienes muebles debería haberlo planteado en su demanda. Con esto lo que se pretende es garantizar la efectividad de una condena que puede recaer en un futuro”, censuró.

El abogado adujo además que el depósito no se puede reclamar en este momento procesal dado que la ley de enjuiciamiento civil establece que las medidas cautelares deben levantarse en fase de ejecución provisional. El representante legal de los Franco preguntó también por los motivos que impiden debatir ahora la titularidad de los bienes que susciten controversia. “La ley establece que la ejecución provisional se despachará igual que la ordinaria y que las partes dispondrán de los mismos derechos. Admito que puede haber alguna duda, pero plantéela, no me diga que ya la planteará en un futuro y que mientras se queda con todos los bienes y priva a mis representados de su uso y disfrute”, defendió el abogado, que instó a la Abogacía del Estado a mostrar algún pronunciamiento judicial que avale que esta cuestión no se puede plantear en ejecución provisional y que “mientras se pueden matar moscas a cañonazos”. “Ni siquiera garantizan que vayan a reclamar los bienes. ¿Y si finalmente no se hace, qué pasa? Se habrá privado a mis representados de su uso y disfrute para nada. ¿Es eso proporcional?. Esto es profundamente injusto con mis clientes. ¿Qué se creen, que son unos desalmados? No van a arrancar las paredes, ni emprenderla a martillazos para llevarse el tejado “, defendió.