La Torre de la Quimera, la más alta del Pazo de Meirás, donde la escritora Emilia Pardo Bazán tenía su biblioteca, acoge este jueves 10 de diciembre de 2020 el acto formal de entrega del inmueble por parte de la familia Franco al Estado, así como de los bienes muebles y elementos accesorios que forman el complejo, informan este miércoles fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. A las puertas del pazo, en Sada, hay hoy gran expectación ante la llegada de la comitiva judicial y de los técnicos de la Xunta que han accedido al recinto para la revisión de los bienes inventariados.
Una nutrida representación de medios informativos pendientes de lo que ocurra hoy en el pazo de Meirás, junto con representantes de colectivos de defensa de la recuperación de la memoria histórica, permanecen apostados en el acceso al recinto donde los Franco han pasado sus veranos durante décadas, en una propiedad que hoy dejará de estar en manos de los herederos del dictador para regresar al patrimonio público.
Entre las personas que no han querido faltar hoy en Sada en un día histórico se encuentran, además del alcalde de la localidad, Benito Portela, la eurodiputada del BNG Ana Miranda, el diputado coruñés del Bloque en el Congreso Néstor Rego -miembro, a su vez, del grupo 'Os 19 de Meirás', denunciados en su día por los Franco e inmersos en un proceso judicial por un acto simbólico en el Pazo-, el exregidor de Sada Abel Soto, el responsable de Cultura en la Deputación da Coruña Xurxo Couto y el exedil coruñés Manuel Monge, miembro de la asociación para la recuperación de la memoria histórica.
El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña condenó a los herederos del dictador a devolver el inmueble al Estado, al que designó depositario de todos los bienes que alberga, por lo que los Franco solo podrán retirar aquellos objetos "de estricto uso personal o que, por sus características, nada aporten a la significación del Pazo como bien de interés cultural".
La titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, Marta Canales, sentenció el pasado septiembre que el inmueble fue un regalo que se hizo en su momento al jefe del Estado y no a Francisco Franco a título personal, y que la compraventa de 1941 con la que el dictador logró inscribir la finca a su nombre en el Registro de la Propiedad fue una simulación, por lo que es nula.
Tras las medidas cautelares que estableció y sobre las que se celebró una vista la semana pasada, los herederos de Franco consideraron que "no es razonable" que les priven de los bienes que alberga el pazo y por ello plantearon que estarían dispuestos a dejarlos en el inmueble "a partir de un acuerdo mínimamente razonable", incluso "mediante un precio razonable aunque sea simbólico".
La magistrada también ordenó realizar un inventario en Meirás, del que se encargó un equipo de técnicos que, tras unos veinte días de trabajo, contabilizó un total de 697 bienes, entre ellos, varios de las Colecciones Reales Españolas.
Alrededor de las 11.00 horas integrantes del grupo denominado los 19 de Meirás, denunciados por la familia Franco tras realizar, en agosto de 2017, un acto en el pazo para reclamar la devolución de la propiedad al patrimonio público, han convocado ante las puertas del pazo un nuevo acto reivindicativo.
Además, también está citado el equipo de técnicos de la Xunta que ha realizado el inventario, ya que antes de la firma del documento donde se formaliza la entrega del inmueble verificarán que los bienes que se relacionan en el mencionado informe están en el mismo estado que cuando se hizo la inspección ocular.
El acto de rúbrica se celebrará a las 12:30 horas en la biblioteca ubicada en la Torre de la Quimera.
Seguidamente, a las 13:00 horas, la abogada general del Estado, Consuelo Castro Rey, hará declaraciones al finalizar el acto judicial de entrega de llaves del Pazo de Meirás al Estado.
El relato democrático y de la memoria de España, así como la figura de la escritora Emilia Pardo Bazán, propietaria originaria del pazo, donde todavía permanece parte de su biblioteca, son los usos que Gobierno y Xunta y demás interlocutores comparten para este inmueble.
