La Administración General del Estado ya es propietaria, con carácter provisional, del pazo de Meirás, que permaneció 82 años en manos de los Franco. La jueza Marta Canales, que dictó la histórica sentencia que ordena la devolución del inmueble, entregó ayer las llaves a la abogada del Estado, Consuelo Castro Rey. El traspaso se oficializó en un lugar especialmente emblemático, en la Torre de la Quimera, lugar de trabajo y lectura de la propietaria original, Emilia Pardo Bazán.
El acto congregó a decenas de personas a las puertas de la finca. Colectivos de la memoria histórica, los denominados 19 de Meirás, y numerosos políticos, desde el alcalde de Sada, Benito Portela, al exregidor, Abel López Soto. Ningún representante de los herederos del dictador participó en este acto para no contribuir, dijeron, a un “circo”. Los nietos del golpista, que han recurrido la sentencia que les declara poseedores de “mala fe”, quisieron evitar la foto y entregaron las llaves del inmueble un día antes en el juzgado. Solo fue uno de ellos al pazo, pero el día antes para “despedir a los criados”, en declaraciones de Francis Franco a una televisión.
La lluvia fue una de las protagonistas indeseadas del traspaso de esta propiedad, adquirida en plena Guerra Civil mediante cuestaciones en muchos casos forzosas, detracciones en las nóminas y aportaciones públicas como “regalo” al dictador Francisco Franco.
La jueza fijó la entrega para el Día de los Derechos Humanos. Una “feliz coincidencia”, celebró la abogada general del Estado, Consuelo Castro, en el momento de entregar las llaves a la subsecretaria de Hacienda, Pilar Paneque, en representación de Patrimonio del Estado. “Es un día que deja una sensación de justicia histórica”, apuntó Castro, que se congratuló de que el pazo “vuelva a las manos de las que nunca debió haber salido” y agradeció el “enorme trabajo” de los abogados del Estado Javier Suárez y Adela Álvarez. Castro destacó que el pazo “vuelve a las manos de los gallegos, especialmente de los coruñeses, que fueron los que desembolsaron los fondos en una época de miseria”. La letrada celebró la apertura de un nuevo ciclo y apuntó a la importancia de “recuperar la huella de Emilia Pardo Bazán”. “Este pazo fue un centro de referencia de la vida cultural española en el siglo XIX y quedó enterrado por el paso de la dictadura”, apuntó Castro, que incidió en que la dictadura tampoco puede obviarse en el nuevo relato: “La memoria es importante”.
Antes de la entrega de llaves, técnicos de Patrimonio de la Xunta recorrieron la propiedad para verificar que permanecían los bienes recogidos en el inventario. El juzgado ha dado ahora un plazo de veinte días hábiles a la Administración General del Estado para que determine qué bienes pueden retirar los Franco por tratarse de “enseres de estricto uso personal” o “no aportar nada” a la significación del Bien de Interés Cultural y sus posibles usos definitivos. La abogada del Estado afirmó que solo se permitirá la retirada de “enseres personales” hasta que haya una sentencia definitiva y se dirima, en caso de que sea favorable, qué elementos están afectados por el pronunciamiento. La Abogacía aclaró que dos de los bienes incluidos en el inventario de la Xunta, la Casa de las Conchas y el hórreo, deben ser excluidos por estar ubicados extramuros y no estar abarcados en la demanda.
Queda un largo trabajo por delante para definir los nuevos usos y el nuevo relato. El próximo miércoles se constituirá la comisión de seguimiento con representantes del Gobierno, Xunta, Concello de Sada y Diputación. Activistas por la recuperación de la memoria histórica e investigadores que allanaron el camino tras bucear durante años en los archivos, como Carlos Babío, exigieron ayer extramuros que se les escuche para definir los usos y lamentaron ser excluidos ahora de un “proceso que siempre fue participado”.
