El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, anunció ayer, tras conocer la sentencia sobre el peaje de Pastoriza, que no está “de acuerdo” y que el Gobierno local estudiará “todas las vías legales” posibles para intentar ganar el pleito en instancias superiores, tanto en el Tribunal Supremo como en la justicia europea. “No compartimos la opinión de la Audiencia Nacional. Hay que ver las argumentaciones. Vamos a estudiar la sentencia y ver el camino legal que queda”, afirma el alcalde. Lo que tiene claro en este momento es que seguirá “luchando hasta el último resquicio” para lograr la eliminación del pago en el tramo entre A Coruña y Arteixo en la autopista autonómica AG-55.
Calvelo explica que no ha habido una “buena ejecución de los fondos europeos” por parte del Ministerio de Transportes en la construcción del actual acceso vial al puerto exterior de Langosteira. Se refiere en particular a la conexión de este vial con la AG-55, que quedará inutilizada si se realiza la cuarta ronda, según afirma el alcalde. Mantiene que el proyecto de la cuarta ronda no es una buena elección y que la mejor es la supresión de las cabinas de peaje de Pastoriza, ya que sería beneficiosa para todo el mundo.
El regidor detalla que el Concello puede presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, acudir a los tribunales de la Unión Europea y presentar una queja sobre la ejecución de los fondos comunitarios.
Entre el peaje y la ronda
El Concello de Arteixo defiende desde el año 2015 la eliminación del peaje de Pastoriza. Considera que es la mejor alternativa de futuro debido a que su coste sería inferior al de la cuarta ronda (19 millones de euros, frente a los cerca de 30 de la infraestructura proyectada por el Gobierno central, y, además, argumenta que el tráfico entre el municipio y A Coruña por la AG-55 sería gratuito, lo que liberaría de muchísimos vehículos las carreteras del concello.
En el lado contrario, está la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que en 2019 salió en defensa de este proyecto respaldada por los responsables de los polígonos de Agrela, Pocomaco y Vío, y por la Federación de Asociaciones de Vecinos de A Coruña y el Área Metropolitana.
El Ministerio de Transportes alegó que la eliminación del peaje a través del acuerdo planteado por el Concello y la Xunta causaría un importante “quebranto” al Gobierno “al suponer una inversión estimada en 138 millones de euros” en obras y en la liberalización de la propia vía de alta capacidad.
