El fiscal jefe provincial de A Coruña, Javier Rey Ozores, ha solicitado al Concello de Sada una copia de los informes jurídicos del expediente para la cobertura, en comisión de servicios, de la plaza de técnico de Administración Xeral de Urbanismo, Medio Ambiente y Policía Urbana. El Ministerio Público solicita la documentación tras la denuncia presentada por la Unión Sindical Obrera (USO) y uno de sus representantes sindicales, Juan Leiva, a título particular. El sindicato ha recurrido también el nombramiento a través de un recurso contencioso administrativo.

Como ya informó este diario, el Concello de Sada adjudicó la plaza en comisión de servicios por un año (prorrogable un año más) a Hipólito Pérez Novo, excandidato de Betanzos Novo, el único aspirante a la plaza, según la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 24 de noviembre. Este licenciado en Derecho, experto en Urbanismo y funcionario autonómico, ocupó diversos cargos en la Xunta desde 1988, entre otros el de director de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística y fue director del área de Rexeneración Urbana en el Ayuntamiento de A Coruña durante el mandato de Marea Atlántica.

La concesión de la plaza a Hipólito Pérez despertó las suspicacias del PP, que el mismo día de su nombramiento envió uno comunicado a los medios en el que recordaba que se trata de una “persona afín” a Marea Atlántica.

El sindicato USO denuncia ahora que la convocatoria de la comisión de servicios es “nula de pleno derecho” y “manifiestamente ilegal” por incumplir la normativa y las previsiones establecidas en la Relación de Puestos de Trabajo. Basa su afirmación en el hecho de que la convocatoria “cambia la escala general por la especial”, apunta en el recurso. Argumenta USO que la ley del empleo público establece que para “el desempeño de un puesto de trabajo en comisión de servicios voluntaria, el personal funcionario debe pertenecer al cuerpo o escala”. En este caso, denuncia, el aspirante elegido pertenece a la escala especial y “ nunca jamás debió de haber sido nombrado en comisión de servicios” para el puesto. En su escrito, acusa al alcalde, Benito Portela, de realizar una “convocatoria ad hoc” para otorgar el puesto al aspirante “elegido de antemano”.

A consulta de este diario, Portela afirmó tajante que “no hay materia penal ni tampoco infracción administrativa” en este proceso selectivo. El regidor recalcó que la convocatoria se hizo “por concurso con un baremo objetivo” y que la duración y condiciones se ajustan a la normativa legal.