El Parlamento escenificó ayer la falta de consenso sobre el futuro del pazo de Meirás. Este baluarte del franquismo ha vuelto a ser motivo de bronca tras el breve consenso que en 2018 alumbró la petición unánime al Estado de plantear una acción reivindicatoria. Los tres partidos, PP, BNG y PSOE, fueron incapaces de ponerse de acuerdo para decidir el modelo de gestión y los usos provisionales de As Torres hasta que una sentencia definitiva determine su titularidad, reconocida inicialmente al Estado. El BNG presentó una propuesta que fue rechazada por el PP. El PSOE, el único que se pronunció en contra de que el Estado ceda a la Xunta el inmueble, optó por abstenerse.

La proposición del BNG planteaba solicitar al Gobierno la cesión del pazo de Meirás ; acordar con la Diputación y el Concello de Sada el régimen de visitas y su gestión por parte de Sada, y el desarrollo junto y con el apoyo de expertos y entidades de la memoria de un plan temporal de contenidos que incluya usos culturales, relacionados con Emilia Pardo Bazán y su biblioteca; turísticos, y usos relacionados con la memoria histórica y la represión franquista.

Los nacionalistas presentaron una enmienda a su propuesta en la que planteaban incorporar otros dos puntos: celebrar en enero un acto de reconocimiento a las personas y entidades memorialistas que se significaron a lo largo de cuatro décadas para exigir la devolución del pazo y “defender el uso central de Meirás como espacio de la memoria histórica democrática gallega como proyecto de futuro”.

El PP planteó una enmienda en la que defendía que las fórmulas de gestión del pazo de Meirás se acordasen en una comisión técnica integrada por el Gobierno, Xunta, Diputación y Concello de Sada y en la que planteaba usos culturales y de promoción de la igualdad vinculados a Emilia Pardo Bazán, turísticos y usos vinculados a la memoria histórica que incluyan el expolio de bienes y la lucha social por la recuperación del pazo.”.

El PSOE presentó una enmienda en la que planteaba crear una comisión para el estudio entre las diferentes administraciones y colectivos implicados de los usos y gestión del pazo una vez haya sentencia definitiva, priorizando los usos relacionados con la divulgación de la memoria democrática. El socialista Pablo Arangüeña se mostró en contra de “dejar en manos” de la Xunta la gestión al entender que el PP “desvirtuaría la memoria”.

El PP pidió que los puntos de la proposición se votasen por separado y se mostró dispuesto a apoyar la cesión a Galicia, los usos combinados relativos a las figuras de Pardo Bazán y “de quien usurpó el pazo” y el reconocimiento a las entidades memorialistas y particulares que allanaron el camino. El popular Pedro Puy aprovechó para reconocer el trabajo de todos ellos. “Que sea éxito de todos no significa que todos tengamos el mismo mérito; cumple dar las gracias a quienes más lo merecen”, apuntó el diputado y admitió: “Muchos españoles fuimos rehenes en el pasado del relato construido por el franquismo”.

El diputado del BNG Luís Bará, dedicó buena parte de su intervención a reivindicar el trabajo de las entidades e investigadores y se mostró escéptico con las intenciones del PP, al que acusó de pretender “ir por libre” al presentar en solitario un plan de usos “antimemoria histórica”: “Me parece muy bien todo lo que dice, pero me gustaría que fuese verdad”, replicó a Puy, al que recordó cómo se obvió la memoria histórica en la isla de San Simón. El PSOE defendió que el mérito de la recuperación del pazo fue del Gobierno central, recordó que el PP fue el último en sumarse a las reivindicación y pidió cautela hasta que haya un fallo definitivo.