La estructura a medio construir del geriátrico de Monticaño, en la parroquia de Pastoriza, ya ha desaparecido por completo tras muchos años de espera. Así lo puede comprobar cualquier vecino o visitante que se acerque por la zona u observe este punto desde Meicende, donde es completamente visible la ladera en la que se situaba tras una masiva tala de árboles. La maquinaria que trabaja en la zona desde finales del mes de octubre ya ha demolido la última parte que quedaba en pie, con lo que el esqueleto ha quedado completamente reducido a escombros. Esta edificación quedó a medio hacer en 2003 por orden de la Xunta, que acordó paralizar las obras por ser una ilegalidad. Desde entonces quedó en ese estado, en medio de una zona de monte y alejada de cualquier zona poblada.

El Gobierno gallego, en el año 2004, y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en 2010 y 2011, ordenaron la demolición de esta edificación pero ha sido en este año, 2020, cuando se haya ejecutado por fin el derribo, 16 años después de que la consellería ordenase paralizar la obra y 9 después de que se confirmarse la ilegalidad de esta edificación.

Los trabajos de derribo los ha realizado la Fundación San Rosendo, promotor de las obras, tras llegar a a un acuerdo con la Axencia de Protección da Legalidade (APLU). Este último organismo autonómico había dictado orden de ejecución subsidiaria porque el promotor de la residencia de mayores había incumplió la sentencia de acometer el derribo, aunque finalmente se llegó a un acuerdo, según informó en su momento la Consellería de Medio Ambiente. La obra de derribo comenzó a finales de octubre. Unos dos meses después ya ha desaparecido la estructura.

“La residencia de Monticaño abrirá en la primavera de 2004”, fue el titular de prensa de septiembre de 2002 en una rueda de prensa del entonces alcalde, Manuel Pose, y el presidente de la Fundación San Rosendo tras firmar un convenio para que la entidad construyese en Monticaño una residencia de 152 plazas y 20 apartamentos, presupuestada en cinco millones de euros. Toda la gestión de este proyecto fue un despropósito que confirmaron sucesivas sentencias judiciales.

Las obras comenzaron en febrero de 2003 y fue el grupo municipal del BNG, entonces liderado por Fina Vázquez, el que denunció que se construía en suelo rústico de protección forestal, primero ante la Consellería de Política Territorial y luego ante el Ministerio de Defensa. Porque los terrenos eran de titularidad estatal: Arteixo y el ministerio firmaron un convenio en 1998 por el que el Estado cedía al Concello por 50 años los terrenos de lo que un día fue una batería de costa con cañones antiaéreos, solo con la condición de que se destinasen a uso público social, cultural o deportivo. La residencia era privada.