La Consellería de Cultura confirmó ayer que la Dirección Xeral de Patrimonio no ha otorgado autorización para que el Concello de Oleiros derribe la centenaria Casa Carnicero, edificio protegido y catalogado que está en mal estado desde que sufrió un incendio el pasado mes de julio.

Cultura recordó que el pasado mes de agosto remitió un escrito en el que daba traslado de la apertura del expediente de ruina y la Jefatura Territorial de A Coruña tomó conocimiento de esta resolución y autorizó “medidas cautelares de urgencia”, señaladas por el propio Concello (se acordonó el entorno) y se le recordó al Ejecutivo local la necesidad de “presentar un proyecto de rehabilitación de acuerdo con el informe de los servicios técnicos”. Esta resolución fue notificada a Oleiros el pasado 18 de agosto, sin obtener respuesta, según aseguró la consellería.

El alcalde anunció que iba a derribar este inmueble después de que sufriese varios desprendimientos de la estructura exterior (ladrillos de la parte superior) y también del interior a causa de las fuertes lluvias y viento de este temporal. No obstante, ya había habido una pequeña caída de cascotes hace un tiempo y los vecinos de la zona habían alertado muchas veces (la última, esta misma semana) del peligro de mantener ese edificio sin tomar medidas tras sufrir un incendio. Ayer por la mañana varios técnicos visitaron el inmueble y comprobaron su interior y exterior y por la tarde se retiró cableado de la fachada.

Arquitectos: una gestión que no se ajusta a la ley

El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia “lamenta profundamente” el proceso administrativo “que amenaza con la posible demolición de la Casa Carnicero” porque “no se ajusta a los procedimientos reglamentarios de la Lei de Conservación do Patrimonio”, que obligan a estabilizar un elemento y conservarlo, desde el momento en que se había producido el fuego. Subrayan además que, sin tener en cuenta debates sobre la conservación total o parcial del inmueble o incluso su posible descatalogación, el hecho es que siempre se debe atender “a la legalidad vigente” y las administraciones deberían ser “las primeras en velar por su cumplimiento”. Añaden que esta legalidad es “perfectamente compatible con la seguridad vial y de los peatones” y las medidas se deberían de haber tomado tras el incendio del verano.