La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez calificó ayer de “increíble” que el Concello de Cambre esté “en contra” del proyecto para prolongar la vía ártabra hasta la Autopista del Atlántico, la AP-9. “Las excusas se acabaron. No tiene explicaciones razonables, carece de argumentos sólidos”, aseguró al ser preguntada por los medios de comunicación en un acto. El Gobierno cambrés ha exigido que se declare la pérdida de vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la segunda fase de la vía ártabra, es decir, el enlace con la autopista por haber superado supuestamente el plazo máximo vigencia. El regidor, Óscar García Patiño, avanzó esta reclamación después de que el Gobierno gallego iniciase el trámite administrativo para variar el trazado de la carretera.

“Me parece increíble que el alcalde de Cambre mantenga esas manifestaciones de un proyecto que mejora la competitividad y la seguridad vial. Algunos parece que quieren jugar con la seguridad viaria y con eso no se juega”, afirmó la titular de Infraestruturas. En cuanto a la petición sobre la declaración ambiental señaló que la Xunta puede realizar las obras porque tiene “las trámites preceptivos como esa declaración de impacto” y también detalló que con el cambio de trazado que está en tramitación supondrá una mejora para atender las “inquietudes” del Concello cambrés. En concreto, el cambio promovido por la Consellería de Infraestruturas consiste en alejar la vía unos metros del río de A Gándara y reducir la zona afección al humedal, además de poner en marcha los trámites para poder iniciar la ejecución de la conexión con la AP-9.

En cuanto al posible peaje de la ártabra, Ethel Vázquez respondió a Óscar García Patiño que pregunte al Gobierno central si le “preocupa” el tema, ya que la AP-9 es un vial de titularidad estatal. En el proyecto de la Xunta se recoge la construcción de un área con cabinas en la zona de A Gándara.

El Ejecutivo local de Cambre ve en el anuncio de la modificación del trazado “una admisión, por parte de la Xunta, de las deficiencias de la Declaración de Impacto Ambiental”. “Según el apartado 3 de la Lei 21/2013 de Avaliación Ambiental, ya habría transcurrido el plazo máximo de validez de la DIA, lo que obligaría a la Xunta a tener que iniciar, nuevamente, el trámite de evaluación ambiental del proyecto conforme a lo establecido en la legislación.”, sostenía Patiño.

El regidor defendía que “según dicha ley, las declaraciones de impacto ambiental publicadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley perderán su vigente y cesan en la producción de los efectos que le son propios si no se comenzó la ejecución de los proyectos o actividades en el plazo máximo de seis años desde la entrada en vigor de esa ley”. El Gobierno local explicaba que “en tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación del proyecto”.