“Te puedes imaginar el susto que tenemos en el cuerpo”, confesaba ayer el propietario de una de las viviendas de La Soleada, que prefiere permanecer en el anonimato. Los residentes en esta urbanización de Meirás todavía no salen de su asombro por la decisión de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de pedir la ejecución del fallo que anuló en 2012 la licencia de este complejo residencial de 24 viviendas. La petición, inciden, llegó solo cinco días antes de que venciese el plazo de prescripción.
La ejecución de esta sentencia podría suponer el derribo de al menos una parte de las viviendas del ámbito, aunque desde la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística afirman que colaborarán con el Concello para dar con una solución ajustada a la legalidad vigente que evite la demolición. “Si querían evitarlo era tan fácil como no pedir la ejecución a solo cinco días de que prescribiese”, apunta uno de los propietarios, que relata que tienen previsto reunirse en breve con el Concello para analizar las medidas a tomar. “Queremos seguir viviendo aquí, nosotros somos compradores de buena fe”, incide este residente, que adquirió su vivienda hace ya 13 años y que recalca que antes de cerrar la compra consultó en el Concello y le dijeron que todo estaba en regla.
Las viviendas fueron ejecutadas al amparo de una licencia concedida en 2005 por el gobierno presidido por Ramón Rodríguez Ares, que otorgó los permisos de primera ocupación antes de que la Justicia admitiese un recurso de la Xunta y el BNG —que pidieron sin éxito la suspensión cautelar de las obras— y anulase en 2011 las autorizaciones para su construcción por contravenir la normativa urbanística. La petición de la APLU ha suscitado también sorpresa e indignación en el Concello.
El PP impugna el acuerdo de demoler El Náutico
El grupo municipal del PP de Sada presentó ayer un recurso de reposición al acuerdo de la Junta de Gobierno Local que aprobó el proyecto de demolición de la cafetería El Náutico y la licitación de la obra. Los populares apelan en su recurso al informe desfavorable del secretario municipal y a la advertencia del arquitecto municipal de que “no es posible afirmar a día de hoy que no exista una alternativa a la demolición integral”. El PP recalca que se trata de un edificio municipal y al hecho de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que rechazó tramitar el incidente de ejecución del fallo que anuló la licencia por el tiempo transcurrido desde el fallo. El Ejecutivo municipal apuntó en su momento a la existencia de informes favorables al derribo de la asesoría jurídica de la Diputación.
