El Tribunal General de la Unión Europea ha obligado al Banco Europeo de Inversiones (BEI) a emitir un dictamen sobre el recurso presentado por una ONG medioambiental internacional contra la concesión de 60 millones de euros para financiar la planta de biomasa de Curtis. El BEI declaró inadmisible la solicitud de revisión del acuerdo por el cual se incluyó la iniciativa de Greenalia en un programa que inyectó dinero a proyectos de energías renovables en 2016.

ClientEarth interpuso un recurso contra la decisión del BEI ante el Tribunal General de la Unión Europea. La ONG cuestionaba la evaluación, por parte del Banco, “de la sostenibilidad del proyecto de Curtis y de su contribución a la consecución de los objetivos de la política medioambiental de la Unión”, según explica en una nota de prensa el Tribunal de la UE.

El BEI inadmitió el recurso al entender que el hecho impugnado no es un acto que, de acuerdo con el reglamento comunitario, pueda ser objeto de revisión, algo que rechaza el órgano judicial, que además señala que el banco debería haber explicado a la ONG los motivos de la inadmisión.