La catalogación de un bien patrimonial puede resultar papel mojado si no va acompañada de un interés real por preservarlo. Un caso reciente de protección sobre el papel que resultó inservible en la práctica lo constituye la ya desaparecida casa Carnicero, demolida tras un voraz incendio que puso la puntilla a años de abandono a pie de la ría.
Otro diseño del reconocido arquitecto Rafael González Villar podría correr la misma suerte. La antigua fábrica de luz de Betanzos cumple dos años de su declaración como monumento al borde del colapso. Este edificio modernista, de “notable interés arquitectónico” y “testimonio singular de los avances de la técnica”, según detallaba la resolución de catalogación de diciembre de 2018, ha perdido ya parte de su cubierta y sobrevive a duras penas a la entrada de la ciudad brigantina.
El edificio pertenece a General de Edificios y Solares, propiedad de Naturgy, que hace unos años intentó demolerlo sin éxito apelando a su mal estado y a la existencia de riesgos estructurales. Precisamente cuando se cumplen dos años de su catalogación, el Concello ha aprobado devolver a Naturgy los 5.000 euros en multas que le impuso por desoír la orden de apuntalar el inmueble para evitar el desplome. La resolución municipal es el resultado de un auto judicial que dio la razón a la empresa, que apeló al riesgo de realizar intervenciones desde el interior de la fábrica al no poder ser desarrolladas en condiciones de seguridad.
El juzgado dio la razón a la empresa en este punto, pero avaló la orden del Concello de Betanzos de exigir medidas para “evitar la desaparición de este inmueble catalogado con protección integral”. Esta orden se remonta a 2018, pero las medidas se hacen de rogar y siguen sin plazo mientras que el agujero en la cubierta crece cada día. A consulta de este diario, el Concello explicó que dio seis meses de plazo a General de Edificios y Solares para presentar un proyecto y que el plazo todavía no ha finalizado.
La Dirección Xeral de Patrimonio evitó aclarar a este diario si ha abierto algún expediente para forzar la rehabilitación de este inmueble. En la resolución por la que fue declarado monumento en 2018, el organismo autonómico advertía de que eran precisas “actuaciones urgentes para frenar su deterioro”, especialmente las dirigidas a consolidar la cubierta.
