El Gobierno local de Cambre aprobó ayer en solitario y con toda la oposición en contra la modificación de las normas subsidiarias de planeamiento para el desarrollo de la unidad de ejecución 8B, en O Temple, el plan Malasa, con lo que se da la edificabilidad comprometida en un convenio del año 2000 a familiares del alcalde, que se ausentó del pleno en el debate de este punto. El desarrollo permitirá la construcción de viviendas en el punto en que se encuentran las naves en desuso de Malasa y así evitar el pago de una indemnización de 1,2 millones, explicó en su momento el Ejecutivo.

El PP mostró su “rechazo a otro ejemplo más, quizás el más flagrante por escandaloso, que deja a un lado intereses vecinales y se centra en el interés de unos pocos”. Cuestionó la aplicación del convenio “20 años después” y defendió que se tramiten los desarrollos urbanísticos a través del plan general.

El BNG recordó la elevada densidad de población de O Temple con unos “9.000 habitantes por kilómetro cuadrado” y estimó que “no es precisamente emplazamiento más proclive a sufrir un incremento población” con unas “90 viviendas”, mientras que defendió dotarlo de servicios y zonas verdes. “Es un marrón heredado y un fracaso colectivo, no solo de este Gobierno ni de esta Corporación local no haber podido negociar una alternativa con los propietarios en 20 años”, aseveró. “Podía haber alternativas que no se estudiaron. Es una de las decisiones que marcan un mandato”, criticó.

Alternativa dos Veciños preguntó por qué hay ya un cartel que anuncie la venta de viviendas en el punto y por qué la constructora lo anuncia ya en redes sociales si “se trata todavía de una aprobación provisional”.

EU consideró que se trata de un “desarrollo tremendamente agresivo para O Temple, que ya está bastante castigado”, que debería estar incluido en el PXOM y que “no obedece a los intereses vecinales que debería”. Solicitó que incluyese al menos un 50% de vivienda social y lamentó que no se aumente las dotaciones y aparcamientos en el núcleo. Ciudadanos coincidió en señalar que “había diferentes vías para dar cumplimiento a ese convenio” y que el aprovechamiento “se podía haber dado en otras zonas o unidades de ejecución, algunas en desarrollo”.

El concejal de Urbanismo, Juan González Leirós, defendió “el tratamiento en favor del peatón y el bajo más tres alturas” previsto, y “sacar el uso industrial” de la Costa da Tapia, además de que permite “abonar las cesiones del cuartel de la Guardia Civil y del parque Ramón Barba, que son hechos consumados”. Sostuvo las dotaciones “hay que comprarlas con este tipo de operaciones, no hay otra manera”. Sostuvo que O Graxal “bien dotado, con árboles, verde y aparcamientos, puede tener una calidad de vida suficiente”.