Un menor de 13 años de Arteixo que cursa segundo de la ESO en el instituto Manuel Murguía lleva desde principio de curso sin acudir a clase por la emergencia sanitaria del COVID-19. Sus padres alegaron sin éxito al “miedo” a un posible contagio por las patologías de su hijo, que lo hacen especialmente vulnerable, afirman. La Consellería de Educación considera que el caso no cumple los requisitos para la educación desde casa y, tras rechazar Inspección la petición de la familia, ha incoado el expediente por absentismo y ha puesto en caso en conocimiento de la Fiscalía.

Esta familia presentó a principios de septiembre un escrito ante la Jefatura Territorial de Educación para solicitar la atención educativa domiciliaria que fue rechazado al entender la Inspección Educativa que no se daban los requisitos que recoge el protocolo y la normativa en vigor. Los padres recurrieron la denegación y apelaron a la existencia de un informe de la pediatra del menor que desaconsejaba la educación presencial por asma, alergia y otras dolencias, así como por sus ingresos por episodios de broncoespasmos. La familia alegó también a la existencia de convivientes con patologías, como la diabetes e hipertensión del padre o las “patología graves” de una de las hermanas, y alertó de los riesgos que podrían derivarse de un contagio dado que, alegaron, no se toman las suficientes medidas para garantizar la seguridad en los centros escolares.

La Xunta no considera que existan en este caso razones fundadas para privar al menor de la educación presencial y, tras rechazar la petición de la familia, ha puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía. A consulta de este diario, la Consellería de Educación explicó que el caso fue analizado por la Inspección Educativa y el centro escolar, así como en la comisión provincial de seguimiento de casos de absentismo con origen en la COVID. Desde Educación afirman que los padres no acreditaron la situación de vulnerabilidad del menor y que una parte de la documentación aportada presentaba deficiencias.

La familia afirma que presentó un recurso de alzada en el que aportaba todos los informes clínicos necesarios y se niegan a llevar al menor a clase. Todo apunta a que el caso acabará en los juzgados.