El fiscal jefe provincial de A Coruña, Javier Rey Ozores, ha presentado un escrito de denuncia ante el juzgado de guardia de Betanzos tras apreciar indicios de un posible delito de prevaricación administrativa en la cobertura temporal de una plaza del departamento de Urbanismo en el Concello de Sada.
La Fiscalía ha estimado la denuncia presentada por el sindicato USO contra la la cobertura, en comisión de servicios, de la plaza de técnico de Administración Xeral de Urbanismo, Medio Ambiente y Policía Urbana por parte de Hipólito Pérez, funcionario de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística y excandidato de Betanzos Novo. Hipólito Pérez fue el único aspirante a cubrir esta plaza durante un año.
En un escrito de tres páginas dirigido al juzgado, el fiscal resume la denuncia presentada por USO y por Juan Esteban Méndez Leiva a título particular. Expone que el alcalde, Benito Portela, aprobó por decreto el pasado 21 de octubre sacar a concurso por comisión de servicios la plaza durante un año y qu tras su cobertura USO denunció que se trataba de un puesto de Administración Xeral y que no podía haber sido cubierta por Hipólito Pérez, por tratarse de un funcionario de carrera de la Xunta de Galicia de escala especial. La Fiscalía detalla que el denunciante apeló además a la existencia de informes de Secretaría e Intervención del 4 y 15 de octubre y del 22 de sepiembre respectivamente en los que se advertía de la improcedencia de la convocatoria dado que su aprobación con carácter urgente estaba motivada "por un acto de la propia Alcaldía al conceder al funcionario titular del puesto autorización para la comisón de servicios". Es decir, advertían los habilitados, que la justificación del regidor iba "en contra de sus actos". Losfuncionarios apelaban además a la "excesiva provisionalidad de la plaza desde hace años", causante, en su opinión, de la "defectuosa tramitación de los expedientes de urbanismo", con "retrasos importantes" y los consiguientes "perjuicios para los vecinos".
El fiscal detalla también que USO apeló además en su denuncia al decreto aprobado en 2017 con una lista para la provisión interina de plazas para las plazas de la escala de Administración General que el alcalde habría "obviado" a la hora de realizar la convocatoria y aprobar el posterior nombramiento.El fiscal apunta en su escrito que de todos estos hechos, el denunciante colige que "tanto la convocatoria como el nombramiento tuvieron por objeto designar a un candidato determinado".
A la vista de los hechos y de la denuncia de USO, la Fiscalía concluye que todas estas "circunstancias reflejan, en principio, que la convocatoria y la resolución de la comisión de servicios, lejos de perseguir la mejora en la prestación del servicio, estaban dirigidas a favorecer al funcionario designado", lo que determina "la necesaria judicialización de las diligencias de investigación penal". El juzgado deberá ahora abrir una investigación que concluya si hay base para la apertura de un juicio o si por el contrario procede archivar la denuncia.
USO informó hoy a través de un comunicado de la denuncia presentada por la Fiscalía. El sindicato celebra que el fiscal "dé validez" a su denuncia.
El alcalde de Sada, Benito Portela, todavía no ha recibido ninguna notificación. Hace un par de semanas, tras interponer USO la denuncia, Portela defendió que no había "materia penal ni tampoco infracción administrativa” en este proceso selectivo. El regidor recalcó entonces que la convocatoria se hizo “por concurso con un baremo objetivo” y que la duración y condiciones se ajustan a la normativa legal.
La contratación vía comisión de servicios de Hipólito Pérez despertó las suspicacias del PP. En un comunicad del pasado noviembre, los populares acusaban al alcalde de "colocar a un camarada en Urbanismo" e ironizaban con la "amplia experiencia política de la mano del nacionalismo primero, y al servicio de la Marea después" del candidato seleccionado, Hipólito Pérez.
Hipólito Pérez Novo ha evitado hacer declaraciones ni ahondar en la polémica. Licenciado en Derecho, experto en Urbanismo y funcionario autonómico, Pérez Novo ocupó diversos cargos en la Xunta desde 1988, entre otros el de director de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística y fue director del área de Rexeneración Urbana en el Ayuntamiento de A Coruña durante el mandato de Marea Atlántica. Fue candidato por Betanzos Novo y exportavoz de la formación durante el pasado mandato.
A la vista de los hechos denunciados, el fiscal concluye que todas estas “circunstancias reflejan, en principio, que la convocatoria y la resolución de la comisión de servicios, lejos de perseguir la mejora en la prestación del servicio, estaban dirigidas a favorecer al funcionario designado”, lo que determina “la necesaria judicialización de las diligencias de investigación penal”. El juzgado deberá ahora abrir una investigación que concluya si hay base para la apertura de un juicio o si por el contrario procede archivar la denuncia.
A consulta de este diario, el alcalde, Benito Portela (Sadamaioría), explicó que no ha recibido de momento ninguna notificación ni de la Fiscalía ni del juzgado, aunque avanzó su “disponibilidad absoluta” para prestar todas las declaraciones y aclaraciones que le demanden. Portela afirmó estar “tranquilo” y se mostró convencido de que quedará “debidamente acreditado” que no hubo ningún ilícito penal ni administrativo en la cobertura del puesto. Recalcó que no hubo “ningún trato de favor” y que convocó el puesto porque estaba vacante desde que finalizó la anterior comisión de servicios y resultaba urgente su cobertura hasta que se cubriese la plaza de forma definitiva.
El alcalde subrayó que la comisión de servicios es “un procedimiento habitual, legal y reglado” para la cobertura temporal de puestos vacantes y que se hizo mediante un concurso público con los requisitos legalmente establecidos (pertenencia al grupo A) y con un “baremo objetivo de méritos” que “solo puntuaba la antigüedad”. Recalcó que los requisitos de participación fueron “los que fija la normativa” y los “que indicó el informe de secretaría” y que en la convocatoria ya se precisaba que la duración (máximo un año prorrogable a dos) “quedaba condicionada a la cobertura reglamentaria del puesto” .
Sobre la alusión en la convocatoria a la escala de Administración Especial en lugar de a la Xeral defiende que se trató de un “error irrelevante” del que no fue advertido, pero que en todo caso no figuraba como requisito, “por lo que no influyó ni condicionó el concurso ni su resultado”.
