El fiscal jefe provincial de A Coruña, Javier Rey Ozores, ha presentado un escrito de denuncia ante el juzgado de guardia de Betanzos tras apreciar indicios de un posible delito de prevaricación administrativa en la cobertura temporal de una plaza del departamento de Urbanismo en el Concello de Sada.

La Fiscalía ha estimado la denuncia presentada por el sindicato USO contra la cobertura en comisión de servicios de la plaza de técnico de Administración Xeral de Urbanismo, Medio Ambiente y Policía Urbana por parte de Hipólito Pérez Novo, funcionario de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística y excandidato de Betanzos Novo. Hipólito Pérez fue el único aspirante a cubrir esta plaza durante un año.

En un escrito de tres páginas dirigido al juzgado, el fiscal resume la denuncia presentada por USO y por Juan Esteban Méndez Leiva a título particular. Expone que el alcalde, Benito Portela, aprobó por decreto el 21 de octubre sacar a concurso por comisión de servicios la plaza durante un año y que tras su cobertura USO denunció que se trataba de un puesto de Administración Xeral y que no podía haber sido cubierta por Hipólito Pérez, por tratarse de un funcionario de carrera de la Xunta de Galicia de escala especial.

El denunciante apeló además a la existencia de informes de Secretaría e Intervención del 4 y 15 de octubre y del 22 de septiembre respectivamente en los que se advertía de la improcedencia de la convocatoria dado que su aprobación con carácter urgente estaba motivada “por un acto de la propia Alcaldía al conceder al funcionario titular del puesto autorización para la comisión de servicios”. Es decir, advertían los habilitados, que la justificación del regidor iba “en contra de sus actos”. Los funcionarios apelaban además a la “excesiva provisionalidad de la plaza desde hace años”, causante, en su opinión, de la “defectuosa tramitación de los expedientes de urbanismo”, con “retrasos importantes” y los consiguientes “perjuicios para los vecinos”.

A la vista de los hechos denunciados, el fiscal concluye que todas estas “circunstancias reflejan, en principio, que la convocatoria y la resolución de la comisión de servicios, lejos de perseguir la mejora en la prestación del servicio, estaban dirigidas a favorecer al funcionario designado”, lo que determina “la necesaria judicialización de las diligencias de investigación penal”. El juzgado deberá ahora abrir una investigación que concluya si hay base para la apertura de un juicio o si por el contrario procede archivar la denuncia.

El alcalde, Benito Portela (Sadamaioría), explicó que no ha recibido de momento ninguna notificación ni de la Fiscalía ni del juzgado, aunque avanzó su “disponibilidad absoluta” para prestar todas las declaraciones y aclaraciones que le demanden. Portela afirmó estar “tranquilo” y se mostró convencido de que quedará “debidamente acreditado” que no hubo ningún ilícito penal ni administrativo en la cobertura del puesto. Recalcó que no hubo “ningún trato de favor” y que convocó el puesto porque estaba vacante desde que finalizó la anterior comisión de servicios y resultaba urgente su cobertura hasta que se cubriese definitiva.

El alcalde subrayó que la comisión de servicios es “un procedimiento habitual, legal y reglado” para la cobertura temporal de puestos vacantes y que se hizo mediante un concurso público con los requisitos legalmente establecidos (pertenencia al grupo A) y con un “baremo objetivo de méritos” que “solo puntuaba la antigüedad”. Recalcó que los requisitos de participación fueron “los que fija la normativa” y los “que indicó el informe de secretaría” y que en la convocatoria ya se precisaba que la duración (máximo un año prorrogable a dos) “quedaba condicionada a la cobertura reglamentaria del puesto” .

Sobre la alusión a la escala de Administración Especial en lugar de a la Xeral defiende que se trató de un “error irrelevante” del que no fue advertido, pero que en todo caso no figuraba como requisito, “por lo que no influyó ni condicionó el concurso ni su resultado”.