El Juzgado de Instrucción número 7 de A Coruña archiva la denuncia por presunto delito contra la ordenación del territorio por las obras del pabellón polideportivo de Anceis, por las que citó como investigados al concejal de Urbanismo, Juan González Leirós, y a la arquitecta técnica municipal. El auto judicial considera probado que “se cometió una ilegalidad administrativa” pero apunta que “fue subsanada incluso cuando se presentó la denuncia al haberse dictado el acuerdo del pleno” por el cual se aprobó el Plan Especial de Dotacións, el 30 de enero de 2020, con los votos a favor del Gobierno local —UxC y PSOE— y con toda la oposición en contra.

El auto, fechado este martes, decreta el sobreseimiento provisional de la causa y el archivo de las actuaciones. La resolución puede impugnarse a través de la interposición de un recurso de reforma y subsidiario de apelación en el plazo de tres días desde su notificación o recurso de apelación en los cinco días siguientes a notificarse el auto.

El juzgado citó como investigados (antes imputados) a Leirós y la arquitecta técnica municipal por presunto delito contra la ordenación del territorio después de que la Fiscalía Provincial presentase denuncia por apreciar indicios de tres delitos —prevaricación, falsedad en documento oficial y delito contra la ordenación del territorio— después de que la oposición de Cambre, y Alternativa dos Veciños también por su cuenta, pusiesen en su conocimiento el historial de las obras del pabellón de Anceis, que se ejecutó sin licencia en suelo rústico, donde solo se podía construir una pista polideportiva abierta, y se cerró en sus laterales después de que el Ayuntamiento ya hubiera recepcionado la obra. El Gobierno local defendió que la aprobación del plan especial permitiría regularizar el equipamiento y argumentó que su ejecución permitía dar un servicio a los vecinos, que contaron para las obras con una donación de Amancio Ortega a la Asociación Cultural e de Ocio San Antonio. El Ayuntamiento responsabilizó del cerramiento, parte ilegal, a la asociación, cuyos representantes afirmaron, sin embargo, que cuando entregaron la obra ya estaba cerrada.

El concejal de Urbanismo aseguró tras declarar en el juzgado, el pasado mes de noviembre, que se encontraba “tranquilo”. Evitó desgranar su declaración y se limitó a garantizar que cooperaría con Fiscalía para “resolver esta cuestión”. El Gobierno local incidió en que la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) cerró la investigación sin cursar denuncia.