La sentencia de la Audiencia Provincial que ratifica que el pazo de Meirás pertenece al Estado pero que descarta que los descendientes del dictador sean poseedores de mala fe ha sido acogida con satisfacción, pero también con cierta decepción, por el Gobierno local de Sada. Con satisfacción porque, inciden, “ratifica una sentencia histórica alcanzada desde Galicia” que supone “el paso al patrimonio público de un inmueble conseguido con la represión del Estado fascista, la dictadura y el totalitarismo de Franco”. Con decepción, porque el Ejecutivo municipal afirma no compartir varias de las consideraciones contenidas en los fundamentos de la sentencia y, “muy especialmente”, la “declaración como poseedores de buena fe de los herederos del dictador”, con la consiguiente obligación de abonarles no solo los gastos necesarios sino también los gastos útiles (mejoras) desde 1975.

En un comunicado, el Gobierno local avanza que recurrirá este apartado en concreto de la sentencia e insta al Estado, Xunta, Diputación y el Concello de A Coruña a sumarse y recurrir también la liquidación del estado posesorio como poseedores de buena fe. El Ejecutivo formado por Sadamaioría, BNG y Alternativa dos Veciños alerta de las consecuencias de esta consideración. “Consolidaría a favor de los Franco todos los ingresos generados por el pazo y a non compensarlos en la liquidación. O, lo que es lo mismo, de acuerdo con el fallo, los Franco se quedarían con los ingresos y el Estado estaría a abonarles los gastos desde 1975”, incide.

El alcalde Benito Portela, considera que este extremo de la resolución “no es ajustado a derecho” y, en contra de lo que afirman los jueces de la Audiencia, defiende que “no es creíble” que se considere a los Franco “desconocedores o ignorantes de la posesión ilegal del pazo y de las condiciones en que Franco lo adquirió y detentó”. “Los Franco no pueden resultar beneficiados de la posesión del bien detentado ilegalmente desde su origen, apropiándose y consolidando los ingresos obtenidos durante tantos años. Franco actuó de mala fe y sus herederos, también”, defiende, rotundo, el regidor.

El Ejecutivo sadense lamenta también que la Audiencia omita el hecho de que el dictamen de la comisión de expertos, en el que fundamenta su decisión, contó con un voto particular del Concello de Sada, que precisamente argumentaba la consideración posesoria de mala fe. En la sentencia, los jueces apelan a ese dictamen de la comisión de expertos y argumentan que tampoco queda acreditado que los nietos de Franco tuviesen conocimiento de que los títulos de propiedad no eran válidos.

La cuantía del pago se fijará en ejecución de sentencia

Es pronto para cuantificar el importe de la indemnización que el Estado podría tener que abonar a los Franco. La cuantía se fijará en fase de ejecución de sentencia, una vez exista un fallo definitivo. Los Franco han apelado a gastos de unos 800.000 euros en obras, al importante desembolso en la rehabilitación del inmueble tras el incendio de 1978 (por el que recibieron 13, 5 millones de pesetas del seguro) y al abono de impuestos durante los últimos 45 años. Se trata de una estimación de parte, que no implica que sea aceptada, y que deberá ser refrendada con documentos que demuestren el gasto y si su finalidad se ajusta a los que la ley considera indemnizables. El Concello de Sada no ha sido el único en oponerse a indemnizar a los Franco como poseedores de buena fe, la Diputación también se muestra contraria, pero no aclara si recurrirá el fallo. La Xunta se limita a decir que estudia la sentencia. El Estado no se ha pronunciado.