Los nietos del dictador Francisco Franco han acogido con relativa satisfacción la sentencia de la Audiencia Provincial que confirma que el pazo de Meirás es propiedad del Estado pero que les declara poseedores de buena fe, con derecho a percibir una indemnización por los gastos útiles (mejoras) y necesarios (conservación) desde 1975 hasta la actualidad.

Su abogado, Luis Felipe Utrera-Molina, en declaraciones a Europa Press, sostuvo ayer que el fallo “corrige de forma contundente gran parte de los errores gruesos de la sentencia de primera instancia”, al ver probado que la donación del pazo a Franco se hizo a título particular y no en calidad de Jefe del Estado. El letrado se congratula también de que la Audiencia, al contrario que el jueza de instancia, “admita la desafectación tácita” pese a rechazar esta posibilidad en el pazo de Meirás al considerarlo un bien demanial adscrito al servicio público, por lo que no podría ser desafectado y adquirido por su ocupación ininterrumpida por los Franco durante más de treinta años (por usucapión extraordinaria).

Los Franco consideran que los jueces de la Audiencia incurren “en serias contradicciones en sus valoraciones jurídicas respecto de la usucapión” que les “abren la puerta de la casación”. Utrera-Molina destaca además que el tribunal ve acreditado que los Franco “poseyeron de forma pública, pacífica, ininterrumpida y de buena fe el pazo de Meirás” durante más de 30 años.

Sobre la cuantía de la indemnización que los Franco podrían reclamar en el caso de que el Supremo confirme la sentencia, Utrera-Molina se limitó a decir que sería “considerablemente superior” a los 800.000 euros en los que cifran la reconstrucción, dado que habría que sumar los gastos útiles y necesarios desde 1975. La cuantía se fijaría en todo caso en ejecución de sentencia y los Franco tendrían que probar los desembolsos y los jueces confirmar que se ajustan a los requisitos.

Mientras que los Franco confirman que preparan ya el recurso, el Estado evita avanzar si alegarán contra el apartado que le obliga a indemnizar a los nietos del dictador como poseedores de buena fe. La Abogacía del Estado confirmó ayer a Efe que estudia el fallo para decidir si recurre o no. Solo el Concello de Sada ha avanzado que alegará contra esta consideración al entender que no se ajusta a derecho. Su alcalde, Benito Portela, considera que “no es creíble” que se considere a los Franco “desconocedores o ignorantes de la posesión ilegal del pazo y de las condiciones en que Franco lo adquirió y detentó”.

La Diputación expresó también su desacuerdo con una calificación que, en opinión de su presidente, el socialista Valentín González Formoso, “la mayoría de la sociedad no entiende”, y que su socio del BNG, Xosé Luis Penas ve “incomprensible”. La Xunta se limita a decir que estudia el fallo.

El Estado solicitó la declaración de mala fe de los Franco en el trámite de alegaciones complementarias y fue aceptada por la jueza de primera instancia, que interpretó la petición como accesoria, mientras que la Audiencia considera que es extemporánea al interpretar que afecta a la pretensión principal. Los magistrados argumentaron además que la buena fe había sido reconocida con la comisión de expertos de la Xunta, aunque sin mencionar que con el voto particular del Concello de Sada. Entienden que, en contra de lo que mantuvo la jueza de instancia, no se ha probado la transmisión forzosa de las fincas ni que Franco fuese conocedor de los métodos empleados para la adquisición del pazo, aunque en otro punto de la sentencia especulan con que la escritura simulada de 1941 pudo ser un intento del dictador de “legalizar la posesión”. Consideran además que, aun de ser cierta la mala fe por parte del dictador, esta “no necesariamente se transmite a sus herederos”, que no tenían por que conocer las irregularidades dado que, argumentan, para ellos el inicio de su propiedad es la inscripción en el registro de la propiedad en 1941 y desde entonces la cadena de transmisiones fue “aparentemente impecable”. Los jueces no tienen en cuenta el hecho de que los Franco admitiesen en el juicio que en el acto ante notario de 1941 no se pagó nada y que el precio declarado fuese inferior al verdadero.

Juristas consultados cuestionan las conclusiones de la Audiencia, creen que hay vías para recurrir y apuntan a jurisprudencia en sentido contrario. Apelan, entre otras, a una sentencia de la Audiencia de 2010 que, en base a sendos fallos del Supremo, concluye que la mala fe sí se transmite a los herederos, que sufrirían las “consecuencias de una posesión viciosa” y que tendrían que ser los que presentasen “prueba en sentido contrario”. Para que se aplique esta doctrina, el propietario original tiene que considerarse de mala fe, algo que la Audiencia evita atribuirle a Franco.

La consideración de buena fe permite a los Franco cobrar no solo los gastos necesarios, que como ya explicó este diario, el Código Civil reconocen a cualquier poseedor, sino también ,los útiles (mejoras), desde 1975 y hacer suyos los ingresos hasta el fin de la ocupación, algo vetado a los poseedores de mala fe.