La apertura provisional del pazo de Meirás está en el aire. Como avanzaron expertos a este diario, la resolución de la Audiencia Provincial que declara a los nietos del dictador poseedores de buena fe podría tener consecuencias en la ejecución provisional de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, dado que esta ha sido revocada parcialmente en el sentido de que la Audiencia sí reconoce a los descendientes de Franco el derecho al pago, previo a su desalojo, de los gastos útiles (mejoras) y necesarios (de conservación).

Es una de las derivadas de la declaración de que los Franco como poseedores de buena fe, una consideración que, de confirmarse en casación, les daría derecho a retener el inmueble hasta ser resarcidos por los gastos, no solo los necesarios —a los que tendrían derecho también los poseedores de mala fe—, sino también útiles, es decir cualquier mejora ejecutada en el inmueble. Esta declaración les permite además conservar los ingresos que les haya deparado el pazo durante todos estos años y les exime de responder del deterioro del bien, salvo que se pruebe que han producido con dolo.

El nieto del dictador, Francisco Franco, apuntó a la posibilidad de retener el pazo hasta que les paguen los gastos en una entrevista en un programa de la TVG en el que se mostró parcialmente satisfecho por el fallo de la Audiencia “Dice que pasaría al Estado siempre y cuando y previamente se pagasen los gastos. Yo no soy experto, pero creo que podríamos pedir que nos volviesen a devolver el pazo hasta que nos paguen los gastos. Cabría la posibilidad de que pidiésemos que nos devolviesen la posesión hasta que haya una sentencia firme”, apuntó el nieto de Franco. Sobre los gastos que podrían reclamar, afirma que sería “bastante más que los 800.000 euros” en los que estiman su reconstrucción tras el incendio, aunque no aclaran si esa cantidad incluye los 13,5 millones de pesetas que les concedió el seguro por el incendio de 1978.

Sada es la única administración que ha avanzado que recurrirá la sentencia

La Audiencia tiene que resolver ahora un recurso de los Franco contra las medidas cautelares que les impiden retirar los bienes muebles hasta que exista una sentencia definitiva y, de lo afirmado por el nieto del dictador, se deduce que podrían solicitar al tribunal que aclarase las consecuencias de la revocación parcial de la sentencia, en el sentido de que la Audiencia establece ahora que, antes del desalojo, debe procederse a la liquidación posesoria.

Los Franco, que se habían mostrado conformes con que se ejecutase provisionalmente la sentencia de instancia, todavía no han abordado en común esta posibilidad de reclamar la previa liquidación posesoria “No hemos tenido tiempo de reunirnos, ya nos dirán los abogados lo que debemos hacer”, apuntó Francisco Franco en la entrevista en TVG.

El nieto del dictador se mostró muy satisfecho con el relato histórico de la sentencia de la Audiencia, que considera que el pazo de Meirás fue donado a título particular a Franco, no en su calidad de jefe del Estado y que apunta además que no queda acreditado que el militar golpista fuese conocedor de las irregularidades en la adquisición (no atribuirle mala fe en la práctica, dado que esta siempre se presume). El nieto solo se mostró disconforme con el hecho de que la Audiencia confirme que es propiedad del Estado por usucapión extraordinaria, es decir por su ocupación ininterrumpida durante más de treinta años. El abogado de los Franco, Luis Felipe Utrera-Molina considera que la sentencia de la Audiencia allana el camino para recuperar el pazo en casación.

La intervención del nieto de Franco en el programa televisivo fue seguida con estupor en el plató por el investigador Carlos Babío, coautor de Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio, perito en el juicio e integrante de la comisión de expertos a la que las administraciones han encomendado el diseño del nuevo relato que se ofrecerá al visitante a este Bien de Interés Cultural. Babío criticó la resolución de la Audiencia, al entender que “blanquea al franquismo” y obliga a pagar a los Franco por un “expolio” sin tener en cuenta los réditos que obtuvieron del pazo, incluidos servicios públicos de seguridad hasta 1990 —la propia sentencia apunta a que la Guardia Civil actuó incluso como “filtro de invitados” en varias bodas ya en democracia— o la venta de fincas, una vez recalificadas, como la del acuartelamiento.

Este investigador y el historiador Manuel Pérez Lorenzo, instan a la Abogacía del Estado a recurrir, no solo para evitar la liquidación posesoria de buena fe, sino por justicia histórica y reparación a las víctimas. Iniciativa Galega pola Memoria se pronunció ayer en el mismo sentido, argumentó que indemnizar a los Franco por su “ocupación fraudulenta” supondría “perpetuar la anomalía democrática”. “Lo más grave de la sentencia no está en el desembolso, sino en la burla de que un tribunal declare que no hubo mala fe en la ocupación continuada de un bien obtenido durante la dictadura mediante el uso del expolio”, apunta al colectivo, que reprueba este “blanqueo del franquismo”. Solo el Concello de Sada ha avanzado que prevé recurrir este apartado del fallo. La Abogacía del Estado se limita a decir que estudia la sentencia, al igual que la Xunta. La Diputación tampoco se pronuncia, aunque expresó su oposición a la consideración de buena fe de los Franco. Este diario intentó sin éxito conocer la opinión de la Secretaría de Memoria Democrática. La vicepresidenta primera y ministra de Memoria Democrática, Carmen Calvo, no ha vuelto a pronunciarse sobre la sentencia desde el día de su publicación, en el que celebró el “gran día para Galicia y para España” por la confirmación de que el pazo es del Estado, sin pronunciarse sobre la declaración de buena fe.

Si la Abogacía del Estado opta finalmente por no recurrir el apartado del fallo que declara a los Franco poseedores de buena fe y solo recurren los herederos del dictador la pretensión principal, es decir, la propiedad del inmueble, se complicaría todavía más la apertura provisional de Meirás, dado que el apartado en concreto de la buena fe posesoria adquiría firmeza y ratificaría el derecho de los Franco a ser compensados antes de su entrega por los gastos útiles y necesarios desde 1975.

El Senado pide la cesión del pazo a la Xunta para “usos culturales” con el PSOE en contra

La Comisión de Cultura del Senado aprobó ayer moción del PP para instar al Gobierno a que ceda la gestión del pazo de Meirás a la Xunta con el voto en contra del PSOE. La propuesta prosperó tras producirse un empate y por la regla del voto ponderado, ya que los votos a favor (del PP, Ciudadanos y Grupo Vasco) sumaron 114 frente a los 112 del grupo socialista. El resto de los grupos se abstuvo. La moción insta al Gobierno a disponer la cesión de la gestión a la Xunta, “con el objetivo de desarrollar usos culturales que expliquen la historia del inmueble, reivindiquen el entendimiento y la concordia y ahonden en el papel de las escritoras en la historia, particularmente de Emilia Pardo Bazán”. El senador popular Miguel Lorenzo ha indicado que fue Galicia la que inició el proceso hace casi tres años. El PSOE calificó de “extemporánea” la propuesta, dado que el proceso no finalizó y y reivindicó que el relato debe incluir el “expolio” del inmueble.