La Abogacía del Estado no recurrirá la sentencia que confirma que el pazo de Meirás es patrimonio público pero que declara a los nietos del dictador Francisco Franco poseedores de buena fe con derecho a una indemnización por los gastos necesarios (de conservación) y también los útiles (mejoras) desde 1975.

Como avanzó ayer este diario, el Ministerio de Justicia considera que se trata de un fallo “positivo” a los intereses del Estado, dado que ratifica la pretensión principal, que el pazo de Meirás es patrimonio público. La confirmación de que no batallará contra la declaración de buena fe de Franco y sus herederos coincide con el anuncio del BNG de que presentará una iniciativa en el Parlamento para instar a todas las administraciones a recurrir un fallo “con un insoportable tufo franquista” y de que fuentes próximas a la familia avanzasen que pedirán cerca de dos millones de indemnización, según publicó ayer el periódico ABC. El nieto del dictador Francis Franco ya afirmó esta semana que se planteaban pedir “bastante más” que el millón de euros que se barajaba inicialmente.

La sentencia establece un relato que ha merecido las críticas del Concello de Sada, historiadores como Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo y de entidades como Iniciativa Galega pola Memoria Histórica o la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que han solicitado que se recurra el fallo por “blanquear” el franquismo.

Los jueces de la Audiencia afirman que no quedó acreditado que Franco fuese conocedor de las irregularidades en la adquisición del inmueble y sostienen que el pazo fue un regalo a título particular y no como Jefe del Estado. Los magistrados consideran irrelevante para la causa las donaciones forzosas o la aportación pública de las administraciones, cuya relevancia cuestionan, y no ven decisivo que el pazo se gestionase como el Palacio del Pardo. Tampoco ven probadas las transmisiones forzosas de las fincas, solo su ocupación previa al pago. Para la Audiencia, el elemento decisivo que decanta la moneda a favor del Estado, es que “fue el aparato del Estado el que ocupó el pazo y los terrenos colindantes para ampliar el recinto sin previa compra y el que realizó las obras de acondicionamiento y, a partir de entonces, asumió los gastos inherentes a la propiedad hasta la muerte del dictador en 1975”.

Los magistrados censuran a la jueza de instancia negase a los Franco el derecho a percibir una indemnización por los gastos necesarios a los que, inciden, tienen derecho todos los propietarios, independientemente de que la posesión fuese de buena o mala fe, sino que conceden además a los nietos del dictador el derecho a percibir los gastos útiles (todas las mejoras).

La calificación de buena fe da derecho además a los nietos del dictador  a hacer suyos los ingresos que les deparó el pazo durante todos estos años, incluida la venta de algunas de las fincas, a no responder por el deterioro (salvo que se pruebe dolo) y a retener el inmueble hasta que les indemnicen. El importe de la compensación se fijará en ejecución de sentencia. Los Franco deberán acreditar los gastos y el juzgado refrendar que cumplen los requisitos. Consultado por la posible cuantía, el Ministerio de Justicia se limitó ayer a responder que “se valorará cuando los Franco pidan una indemnización concreta”.

El BNG, único partido en el Parlamento que ha reclamado que se recurra el fallo, no solo cuestiona la declaración de buena fe de los nietos del dictador, también que se aplique con carácter retroactivo desde 1975. Según los nacionalistas, esa buena fe debía presuponerse en todo caso a partir de 2018, cuando los nietos heredaron el pazo.

El Estado incluyó la petición de declarar a los Franco poseedores de mala fe en el trámite de alegaciones complementarias y su petición fue aceptada por la jueza de instancia, pero declarada extemporánea por la Audiencia al entender que afectaba a la pretensión principal. La Sala vio además injustificada la petición y argumentó que la propia comisión de expertos de la Xunta había apoyado la consideración de buena fe (aunque con el voto particular en contra del Concello de Sada). A pesar de que la Abogacía del Estado había articulado inicialmente la demanda sin exigir la liquidación posesoria de mala fe, tampoco hacía mención a que la buena fe debía remontarse a 1975, incide el BNG.

Los Franco se han mostrado parcialmente satisfechos con la sentencia, especialmente con el relato histórico, al entender que desmonta la tesis defendida por el Estado, la de que el pazo de Meirás fue adquirido mediante cuestaciones en muchos casos forzosas, aportaciones públicas y detracciones en nóminas para ser donado a Franco en calidad de Jefe del Estado y que el dictador lo registró a su nombre mediante una escritura simulada para apropiarse de la propiedad. El abogado de los Franco, Luis Felipe Utrera-Molina, ve posibilidades de recuperar el pazo en casación y apunta a supuestas contradicciones en las que incurre en lo relativo a la usucapión extraordinaria que, dice, abrirían las vías para poder recuperar el inmueble, aunque no ha confirmado si presentará recurso.

El Concello de Sada, la única de las administraciones demandantes que abogó por recurrir, lamentó “profundamente” la decisión del Estado. El alcalde, Benito Portela, critica la “pasividad” y “conformismo” del Gobierno, reprueba que acepte la liquidación posesoria retroactiva desde 1975 y alerta de las consecuencias que puede tener esta renuncia en el devenir del proceso. Como las entidades memorialistas, Portela censura que el Estado acepte el relato de hechos de la sentencia y ve a los Franco, los “grandes beneficiados” por esta decisión.

El Concello de Sada analizará ahora con su equipo jurídico la “viabilidad de las acciones que pueda ejercitar el Concello en su condición de adhesiva simple”. Xunta y Diputación no se pronunciaron ayer sobre la decisión estatal. Tampoco el PPdG y el PSdeG , que centraron sus últimas intervenciones en los usos futuros de Meirás. El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha rehusado opinar sobre el relato histórico que contiene la sentencia. Tampoco la vicepresidenta primera y ministra de Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha hecho ninguna declaración al respecto. La ministra se limitó a decir el día que salió la sentencia que era un “gran día para Galicia y para España” por la confirmación de que el pazo es del Estado, sin pronunciarse sobre la declaración de buena fe de Franco y sus herederos. Sus socios del Gobierno, de Podemos, tampoco se han pronunciado sobre los extremos que ratifica el fallo de la Audiencia.