El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, defiende que “a los Franco no habría que pagarles ni un euro por Meirás” y confía en que “el Estado explore todas las posibilidades jurídicas para evitar tener que indemnizar” a la familia del dictador, ya que la sentencia considera que los Franco fueron poseedores del pazo de buena fe, lo que implica que se les reconoce el derecho a percibir una indemnización por los gastos necesarios (de conservación) y también por los útiles (mejoras) desde 1975.
Los socialistas gallegos abogan así por recurrir esta parte de la sentencia de la Audiencia Provincial —que sí confirma que el inmueble es patrimonio del Estado— después de que el Ministerio de Justicia avanzara que renunciaba a presentar un recurso. La Diputación sí estudia recurrir y la Xunta asegura que seguirá los pasos de la Abogacía del Estado. El Concello de Sada exige explicaciones al Gobierno central por su renuncia a intentar impugnar la “buena fe” que dicta la sentencia.
El PSdeG sostiene que “a los Franco no habría que pagarles ni un euro, ya se beneficiaron apropiándose del pazo durante décadas, pero tienen que ver los servicios jurídicos o que se puede hacer”. Apunta que el pazo fue “espoliado”.
El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, afirmó ayer que los servicios jurídicos provinciales estudian la viabilidad de recurrir la indemnización prevista en la sentencia. “Si hay alguna posibilidad de recurrir, recurriremos. Creo que la sociedad coruñesa no va a entender que a una familia que se lucró del uso de un espacio que claramente es público, un espacio que pertenecía al Estado, patrimonio del Estado, aun encima la tengamos que indemnizar con los gastos que conllevó su presencia en este espacio público. Deberían en tal caso pedir perdón por hacer un uso indebido de una propiedad que a todas luces era pública”, sostuvo González Formoso.
La Xunta, sin embargo, señala que “el Gobierno central, a través de la Abogacía del Estado, viene liderando la acción judicial para la recuperación de Meirás con el resto de administraciones públicas como coadyuvantes” y “la Xunta viene adhiriéndose a las diferentes decisiones de la Abogacía del Estado”, mismo proceder que, avanza, seguirá en este caso, en el que “la Abogacía del Estado entiende que no se debe recurrir”.
El Concello de Sada exige explicaciones públicas al Gobierno central sobre las razones por las que declina recurrir el fallo, “en contra de lo actuado en juicio”. El Ayuntamiento ve “inaudito” que el Ejecutivo estatal “declare como positiva una sentencia que declara como poseedores de buena fe a los Franco y obliga a compensarles los gastos desde 1975. “No hay razones jurídicas para que el Estado no recurra y no hacerlo compromete las acciones de otras partes y el futuro de otras demandas en relación con el patrimonio detentado por los Franco”, advierte.
