La familia Franco ha comunicado a la Audiencia Provincial que presentará un recurso contra la sentencia que confirma el fallo de instancia que considera el pazo de Meirás propiedad del Estado. El Gobierno central se mantiene en su decisión de no recurrir la sentencia, que considera al dictador y sus herederos poseedores de buena fe y dicta que se realice la liquidación posesoria desde 1975. Argumenta la inviabilidad por “razones jurídicas”. Expertos en Derecho Civil cuestionan la estrategia procesal del Estado y el Concello de Sada, partidario desde el primer momento de seguir litigando, advierte de los “riesgos” de no ir en contra de la sentencia de cara a la “batalla final” en el Tribunal Supremo. Todas las administraciones codemandantes, salvo la Xunta, analizan las vías para recurrir el fallo. La última en sumarse fue, ayer, el Ayuntamiento de A Coruña. “Si los servicios jurídicos del Concello ven cualquier mínima posibilidad de evitar que se indemnice a la familia Franco, recurriremos”, avanzó.

La controversia política aumenta y ayer los socios del PSOE en el Gobierno estatal, Podemos e IU, instaron al Ministerio de Justicia a “rectificar de inmediato” la decisión de no recurrir, que consideraron una “terrible equivocación”. Advierten de que “puede sentar un peligroso precedente que obligue no solo ahora, sino en el futuro por otros casos aún en disputa, a destinar centenares de miles de euros para pagar a la misma familia del dictador que se ha aprovechado durante décadas de bienes públicos y que sigue aferrándose a ellos con uñas y dientes”.

El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, rebajó ayer el tono de sus palabras al apuntar que “si no se puede hacer recurso” porque “tiene mucha complicación y no tiene posibilidades de prosperar”, las instituciones deben ser “muy exigentes con la ejecución de la sentencia, porque para que algo se pueda indemnizar tiene que estar documentado y existir factura”.

El BNG ve “vergonzosa” la sentencia por prever la indemnización como poseedores de buena fe a los Franco tras haber obtenido el pazo “a través del espolio” e insta al Estado a recurrir. Marea Atlántica critica que el Estado “baje los brazos” y “acepte indemnizar a la familia Franco por su ‘buena fe’ en el robo del edificio” y exige que “rectifique y dé la batalla ante el Tribunal Supremo”.

A nivel institucional, todas las administraciones codemandantes buscan fórmulas jurídicas para recurrir, salvo la Xunta, que asegura que seguirá, como hasta ahora, los pasos de la Abogacía del Estado. El Ayuntamiento de Sada advierte del “riesgo jurídico que supone no recurrir el fallo con respecto a la posesión de buena fe y a la liquidación posesoria desde 1975”.

“Que el estado no recurra el fallo es darles una baza importante a los Franco, incluso antes de que comience la batalla final en el Supremo”. Sostiene que el anuncio de recurso de los herederos del dictador “debería obligar al Gobierno del Estado a reconsiderar su anunciada decisión” y que al “quedar sin recurrir” la buena fe y la liquidación posesoria, “supondría un argumento jurídico a favor de los Franco”. “Sería absurdo que el Supremo tenga que pronunciarse sobre el recurso de los Franco y no sobre una parte de la sentencia en un apartado que no es precisamente menor”, asevera y rebate los argumentos del Estado.

El Gobierno central defendió ayer que descarta recurrir por razones de carácter “estrictamente jurídico”. Sostiene que la Audiencia juzgó insuficientes las pruebas aportadas para probar la mala fe en la posesión del pazo y que la finalidad del recurso de casación, según la Ley de Enjuiciamiento Civil, no puede ser “revisar la valoración probatoria” sino “posibles infracciones procesales o una infracción de las normas aplicables para resolver el litigio, aspectos ambos no aplicables a la obligación de indemnizar”. Discrepa en este punto el Concello de Sada.

“La conclusión de la valoración de la prueba hecha por la Audiencia es irracional e ilógica y también son erróneas sus conclusiones jurídicas, a la vista de la normativa legal y de la jurisprudencia”, afirma. “Consta probado que Franco era sabedor de la ilicitud del título posesorio (por lo cual quiso legalizarlo y regularizarlo en 1941, en una escritura fraudulenta y nula), por lo cual la condición posesoria debe calificarse de mala fe”, señala. “Y esa condición de mala fe, contrariamente a lo indicado en la sentencia, es transmisible a los herederos”, quienes “tenían que probar el desconocimiento de los vicios del título, y no al contrario”, argumenta.

El abogado del Concello, Miguel Torres Jack, añade que “establecer la liquidación posesoria a partir de 1975 allana el camino a los Franco, abre un panorama muy positivo para ellos dado que podría proyectar efectos sobre la pretensión principal”. Ve “prematura” la decisión del Estado y avisa de que “un fallo de estrategia a estas alturas podría tener consecuencias fatales”.

El catedrático de Derecho Civil José Manuel Busto Lago duda de que la decisión del Estado sea “estratégicamente correcta”. Apunta que los Franco tienen derecho a una indemnización por los gastos necesarios “sí o sí” pero cuestiona desde cuándo debe considerarse la posesión de buena fe, al ver acreditada la mala fe del dictador, y cuestiona que la liquidación posesoria se establezca desde 1975 cuando está probado que el Estado no se desentendió de la propiedad hasta mucho después y hasta 1990 mantuvo vigilancia.