La Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta ha paralizado el expediente sancionador al Concello de Oleiros por el derribo de la Casa Carnicero porque tras ver la documentación recabada considera que los hechos pueden ser “constitutivos de ilícito penal” y por eso los ha trasladado al Ministerio Fiscal. La paralización del procedimiento sancionador será hasta que haya resolución judicial firme.
La Xunta considera que el Concello no podía demoler este edificio protegido sin autorización y el Gobierno local alegó la excepción del riesgo inminente para las personas y el tráfico, ante posibles desprendimientos sobre la carretera a causa de los temporales, y después de haber tenido ya varios desprendimientos previos después del incendio que asoló este inmueble el pasado verano.
El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, se mostró ayer tranquilo al conocer que la demolición en Fin de Año de la Casa Carnicero iba a ser llevada a la Fiscalía por la Xunta por apreciar indicios de delito. “Lo que hice está bien hecho y adaptado a las leyes”, aseguró. “El alcalde es el responsable si hay una desgracia”, subrayó al recordar que decidió demoler “unas ruinas, no una casa”, ante el peligro de caída y posibles daños a personas.
“Están a ver si me inhabilitan nuevamente”, apuntó, en referencia a un suceso que le supuso la inhabilitación como alcalde durante seis años, y que también fue por un derribo sin autorización, los restos de un muro en la playa de Santa Cristina. “Soy un alcalde ético, capaz, gestor, que no roba”, agregó.
El Partido Popular afirmó que “no existe duda de que se vulneró la legalidad vigente y las leyes de protección del patrimonio”, y recordó que también el Colegio de Arquitectos subrayó que se no se había seguido la normativa en cuanto a esta demolición.
El PP pone como comparación que al arder la Catedral de Notre Dame nadie le metió la pala sino que se está rehabilitando. Cree que la “excusa” de los temporales de lluvia y viento no son creíbles tras anunciar la demolición ya hace meses el Concello. “Habrá que ver, por otro lado, el papel que jugaron los técnicos municipales en todo esto”, añade.
“Era evidente que meterle la pala tan alegremente a un bien de interés patrimonial iba a traer consecuencias”, agrega el PP.
