El Ayuntamiento de A Coruña recurrirá la sentencia de la Audiencia Provincial que confirma que el pazo de Meirás es patrimonio público pero que ordena al Estado pagar a los descendientes del dictador Francisco Franco como poseedores de buena fe por los gastos útiles y necesarios desde 1975. Así lo confirmó el concejal de Memoria Democrática, Jesús Celemín, en la Xunta Pro Devoluciòn do Pazo de Meirás, de la que forman parte la Diputación, ayuntamientos como Sada y A Coruña, universidades, historiadores, entidades culturales, sociales y de memoria histórica y la Real Academia Galega (esta última disculpó su ausencia).
La Xunta Pro Devolución acordó instar a la Xunta de Galicia y al Estado a recurrir el fallo y a crear una mesa para coordinar los recursos de las administraciones. La Xunta expresó además su apoyo al manifiesto publicado por Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo para exigir al Estado que alegue contra la sentencia. Más de un centenar de entidades de toda España se han adherido ya a esta petición, que suscriben también más de dos mil personas del ámbito de la cultura, la política o el activismo social.
El Gobierno se mantiene firme de momento en su decisión de no recurrir la sentencia. Desde el Ministerio de Justicia afirman que las razones son "estrictamente jurídicas".
