La Diputación recurrirá la sentencia de la Audiencia Provincial que confirma que el pazo de Meirás es patrimonio público pero que ordena al Estado indemnizar a los herederos del dictador Francisco Franco como poseedores de buena fe por los gastos de conservación y mantenimiento y por las mejoras realizadas en el inmueble desde 1975. El Gobierno provincial (PSOE-BNG) discrepa del Ejecutivo central y defiende que sí hay margen para recurrir el fallo, que ha desatado una tormenta política y social en Galicia.
Su decisión llega unos días después de que el Ministerio de Justicia informase de la decisión de la Abogacía del Estado de no recurrir el fallo por razones "estrictamente jurídicas". El paso atrás del Estado cogió por sorpresa a las administraciones codemandantes y a las entidades memorialistas e historiadores que colaboraron en la redacción de la demanda. El Concello de Sada fue el primero en manifestar su estupor por la decisión y en avanzar su intención de presentar un recurso igualmente. Su alcalde, Benito Portela, alertó de los riesgos de no dar la batalla en el Supremo una vez que los Franco han anunciado su intención de recurrir.
La Diputación comparte la postura del Concello de Sada y transmitirá hoy a la tarde su decisión a los integrantes de la Xunta Pro Devolución do Pazo de Meirás. "Entendemos que el recurso continúa el camino iniciado por esta institución de contribuir a la devolución del Pazo de Meirás al patrimonio público aportando argumentos y datos que fundamentan esta decisión además de responder a la opinión ampliamente mayoritaria manifestada por muchos de los miembros de la Xunta pro Devolución do Pazo de Meirás de que no se debe indemnizar a la familia Franco", apuntan desde el Gobierno provincial.
Los representantes da Deputación da Coruña na Xunta recuerdan que desde esta institución se realizó un intenso trabajo participativo que sumó fuerzas de instituciones y entidades para conseguir finalmente "hacer justicia y conseguir recuperar la titularidad pública del pazo" y que quieren ahora "llevar esa voluntad hasta las últimas consecuencias para conseguir que este capítulo del franquismo llegue a su fin y el pazo de Meirás pueda ser un espacio compartido socialmente y no un feudo privado de la familia del dictador".
El anuncio de la Diputación coincide con la publicación de un manifiesto para instar al Estado a rectificar y dar la batalla en el Supremo que ha recabado ya más de dos mil firmas de personalidades del mundo de la cultura, la política y el activismo social. Más de cien entidades han firmado este manifiesto escrito por los historiadores Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo, entre ellas, asociaciones memorialistas de toda España.
