Los escritores Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo, promotores del manifiesto Volver pagar polo roubado. Unha sentenza inasumible para un Estado democrático, recabaron más de 3.000 firmas de particulares y entidades sociales, culturales y de memoria histórica para demandar al Gobierno central que recurra ante el Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial que reconoció el derecho de los herederos del dictador Francisco Franco a percibir una indemnización por la devolución del pazo de Meirás al considerarlos poseedores de buena fe.

La intención era presentar el manifiesto y las rúbricas ante la Delegación del Gobierno pero al estar ayer cerrada se hizo vía electrónica. Carlos Babío resaltó el contraste del comportamiento del Estado, entre la “sobreactuación con argumentos técnicos y políticos y la escenificación de un relatorio tremendo” del acto en el propio pazo de la entrega de llaves, y el “silencio incomprensible” ante esta segunda sentencia que “blanquea el franquismo y defiende los intereses de la familia”, porque declara a los herederos poseedores de buena fe y por lo tanto con derecho a ser indemnizados por la conservación y mejoras en el pazo desde 1975.

Algunos de los que firmaron este manifiesto, entre ellos varios escritores, también acudieron ante la Delegación del Gobierno. “Obligarnos a pagar un millón de euros a quien extorsionó y robó a tantas familias y no recurrir, es otra prueba más de que estamos ante una democracia plenamente controlada que nos lleva a la indignación”, aseguró el escritor Lois Diéguez.

En sentido similar se pronunció el presidente de la Asociación de Escritores en Lingua Galega, Cesáreo Sánchez, quien subrayó que este fallo judicial en lugar de ser una “sentencia ejemplar que resarce al pueblo” puede ser una “derrota moral y jurídica” y demandó que el Estado la recurra para que el franquismo “no siga ganando y demuestre que tiene raíces profundas” aún en la sociedad actual donde la democracia aún tiene que “ganarse realmente ese nombre”.

Manuel Pérez, autor junto a Babío de Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio, señaló que no se puede asumir que en una sentencia se demuestre que Franco “maniobró para inscribir un bien que no era suyo de forma fraudulenta” y en otra resolución judicial, atribuirle “buena fe” y que sus descendientes “no eran conocedores” de cómo se logró. “No podemos asumir que el Gobierno central no explore todas las vías jurídicas posibles”, recalcó Pérez, quien señaló que tampoco se le puede reconocer indemnización a los descendientes sin descontar “los beneficios de detentar una propiedad que no les correspondía”.

Justo cuando finalizaron las intervenciones llegó una furgoneta de la Policía Nacional de la que se bajaron varios agentes que preguntaron por la autorización para aquella manifestación, ante lo que Carlos Babío asumió que era el promotor aunque negó que fuese una manifestación sino una presentación. Le pidieron el DNI para identificarlo.