Hace ocho años que el ayuntamiento de Culleredo debería regir su crecimiento urbanístico por un nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). Esos eran los cálculos manejaba el Gobierno local de Julio Sacristán cuando, en 2008, adjudicó la redacción a Monteoliva, tras rescindir el contrato con Prointec, que había iniciado los trabajos en 1996. En 2013, lejos de entrar en vigor, según lo previsto, el plan se aprobó de forma inicial. Y ocho años después, el proyecto de ordenación ni siquiera se ha llevado a aprobación provisional debido a las “discrepancias importantes” entre los técnicos municipales y la empresa redactora, que mantienen el plan bloqueado desde hace tres años, cuando la empresa remitió al Concello toda la documentación y la secretaria y el arquitecto municipales informaron en contra.

El Ayuntamiento elude ahora estimar plazos, concretar en qué punto se encuentran los contactos entre la redactora y los técnicos para intentar llegar a un acuerdo que desbloquee la tramitación del plan o detallar qué cambios se han introducido. El Gobierno local afirmó en febrero del año pasado que el equipo redactor avanzaba en las modificaciones del documento para pulir las diferencias con los técnicos del Concello. La redactora había planteado desarrollar suelos urbanizables “por fases”, solución con la que pretendía lograr un “equilibrio” entre sus propuestas, los objetivos planteados por el Ejecutivo municipal y las posturas de los técnicos, que consideraban excesiva la previsión de nueva vivienda y el número de suelos con esta clasificación proyectados en el documento. El objetivo del Ayuntamiento era que el municipio pudiese crecer hasta los 40.000 habitantes, desde los cerca de 30.500 que tenía entonces, señaló el Gobierno local.

El Ejecutivo socialista confiaba en que estos cambios permitiesen acercar posturas entre los técnicos y la empresa redactora y preveía celebrar pronto una reunión con el objetivo de reanudar la tramitación del plan. El Gobierno local eludió avanzar qué haría en caso de que los técnicos municipales mantuviesen su rechazo a las propuestas de la redactora. Apuntó, eso sí, que optar por descartar la documentación ya elaborada supondría una nueva demora de años hasta elaborar y tramitar un nuevo plan y no descartó la posibilidad de recurrir a una tercera parte que supervisase el documento y ese pronunciase al respecto. El Ejecutivo rechazó avanzar la previsión de nuevas viviendas, uno de los puntos de discrepancia. En junio de 2019 aseguró que se rebajaría casi a la mitad, de 7.339 a unas 4.000, después tener que recortar ya un 4,7% con respecto al documento expuesto al público, que proyectaba 7.763.