A punto de finalizar el plazo para alegar contra la sentencia del pazo de Meirás, el Gobierno rectifica y anuncia que finalmente sí recurrirá el fallo que ratifica que el inmueble es público pero que obliga al Estado a indemnizar a los descendientes del dictador como poseedores de buena fe por los gastos útiles (de mejora) y necesarios (de mantenimiento) desde 1975.

El Ministerio de Justicia anunció hace un par de semanas que no recurriría ante el Tribunal Supremo por razones “estrictamente jurídicas”. La Abogacía del Estado cambia ahora de criterio y explica que, tras un “estudio detallado de los fundamentos de la sentencia”, ha apreciado “errores de interpretación o alteraciones sobre las pretensiones ejercitadas en la demanda”. “La sentencia afirma erróneamente que la Administración General del Estado había reconocido en su demanda la buena fe de los herederos del dictador y de ahí se extraen una serie de conclusiones que no se corresponden con la realidad”, explica el Gobierno en un comunicado remitido a los medios.

En una escueta nota de prensa, el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática argumenta que la corrección de estos errores y la interpretación del Tribunal Supremo permitirán “sentar con claridad y precisión las bases para la posterior liquidación del estado posesorio”.

El cambio de postura del Ejecutivo central llega prácticamente sobre la campana, a solo cuatro días de que finalice el plazo, y se produce después de que la Diputación y los ayuntamientos de Sada y A Coruña se desmarcasen y anunciasen que recurrirían igualmente ante el Supremo la consideración de poseedores de buena fe de Franco y sus herederos y la liquidación del estado posesorio desde 1975.

La decisión del Gobierno de no recurrir propició además una oleada de críticas de las entidades memorialistas y de historiadores que jugaron un papel fundamental en la demanda, como Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo, que presentaron el pasado sábado en la Delegación del Gobierno más de 3.000 firmas de personas de distintos ámbitos y de colectivos de toda España para instar el recurso.

El Gobierno anuncia que finalmente sí dará la batalla ante el Supremo un día antes de que el Parlamento gallego debata sendas proposiciones del BNG y del PSdeG sobre este asunto. La de los nacionalistas insta al Gobierno y a Xunta a recurrir, sin condiciones, mientras que la de los socialistas, más tibia, defiende “agotar las posibilidades jurídicas” y recurrir siempre que sea viable técnicamente viable.

El Gobierno gallego se puso inicialmente de perfil en este asunto y se limitó a decir que, como parte codemandante, se adheriría a la postura del Estado, fuese cual fuese. Tras reunirse con los historiadores Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo, representantes de Iniciativa Galega pola Memoria, el PPdeG introdujo una enmienda a la proposición del PSdeG en la que se sumaba a instar al Estado a recurrir si resultaba viable técnicamente. El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, avanzó además este lunes que los gabinetes jurídicos de Xunta y Estado analizaban las posibilidades del recurso.

La noticia de que finalmente el Estado y la Xunta sí recurrirán el fallo ha sido acogido con alivio y satisfacción entre colectivos como Iniciativa Galega pola Memoria y administraciones como el Concello de Sada, la primera en anunciar que alegarían ante el Supremo. El colectivo memorialista y el Ayuntamiento que acoge el pazo de Meirás fueron los más activos a la hora de demandar un cambio de postura al Gobierno.