El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, declaró ayer en el Juzgado de Instrucción Número 1 de A Coruña tras la querella por calumnias que le presentó su homólogo de Cambre, Óscar García Patiño, por sus reiteradas manifestaciones respecto a que el desarrollo urbanístico que tramita el Ejecutivo cambrés en O Graxal, en el entorno de las Casas Bailly, es un “pelotazo” y un “atentado contra la legalidad”. García Seoane, lejos de retractarse, se ratificó convencido de sus afirmaciones. Por la parte denunciante, la del alcalde cambrés, solo acudió el letrado.

García Seoane testificó ante el juez que mantiene que lo que trata de hacer el Concello de Cambre es un “hecho muy grave” y que las normas subsidiarias de planeamiento no valen para reformar un suelo como el de O Graxal. Antes de entrar a la sala, Seoane apuntó: “Si en un suelo partes de cero, 40.000 metros cuadrados sin aprovechamiento, leiras, y les das 25.000 metros cuadrados de construcción, que el valor mínimo deben de ser unos once millones, si eso no es un pelotazo...”. Entiende que tiene que ser el plan general y no una modificación puntual la que reclasifique suelo rústico para ser urbano o urbanizable.

El regidor (que en el juicio declaró que no había sido procesado o acusado con anterioridad) apeló a la “libertad de expresión” y al “juego político”, para defender que pueda realizar estas “denuncias”. Insistió además en que, una vez que esta reclasificación de O Graxal esté aprobada definitivamente, la impugnará en los tribunales.

El Gobierno local de Cambre manifestó ayer por su parte que “confía plenamente en el criterio de la justicia” y que dejará que sea el propio juez el que determine si existe o no un delito por calumnias contra el alcalde de Oleiros. El Ejecutivo reiteró además que el proceso de modificación puntual de las normas subsidiarias del planeamiento se realizó “de acuerdo con los criterios de los técnicos municipales” y contó con las autorizaciones de distintos organismos y administraciones, como la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Aviación Civil, Demarcación de Carreteras, Delegación del Gobierno en Galicia, Dirección Xeral de Telecomunicacións e Tecnoloxías da Información, y la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático.

Por lo tanto, Cambre cree que Seoane no solo acusa a Cambre de “atentar contra la legalidad”, sino también al resto de instituciones que emitieron informes favorables. Agrega que la modificación de las normas subsidiarias se realizó “con todas las garantías, tanto política como técnicamente” y habla de una “obsesión enfermiza” de Seoane.