La Xunta ha convocado para los próximos meses de abril y junio los actos expropiatorios para la construcción de una senda peatonal en la carretera autonómica AC-214 a su paso por Sigrás. La Axencia Galega de Infraestruturas publicó ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el anuncio de la convocatoria, que afecta a 21 fincas.

La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade destinará a esta actuación una inversión de 878.000 euros, de los que 93.000 se destinarán al pago de las expropiaciones de los 21 terrenos necesarios para a la ejecución. El acto de levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas se fija para el día 15 de abril en la Casa do Concello de Cambre, de 10.30 a 12.30 horas. Después, para el día 30 de junio se convoca el acto de pago de depósitos previos, también en el Consistorio cambrés y en la misma franja horaria.

Al acto deberán acudir los titulares afectados en persona o bien representados por otra persona debidamente autorizada para actuar en su nombre. Tendrán que aportar los documentos acreditativos de su titularidad, documento nacional de identidad (y, de ser el caso, otra documentación que se requiera, como justificante del pago del IBI), así como certificado de cuenta con códigos IBAN y BIC, con el fin de proceder a los sucesivos pagos mediante transferencia bancaria. Podrán hacerse acompañar por su cuenta, si lo juzgan oportuno, de sus peritos y notarios.

Una vez levantadas las actas previas a la ocupación y habilitado el crédito oportuno, la Xunta procederá al pago mediante transferencia bancaria del importe de los depósitos previos e indemnizaciones por rápida ocupación. En el supuesto de no haber presentado el certificado de titularidad de la cuenta bancaria, con códigos IBAN e BIC, y la copia del DNI, se consignará el importe en la Caixa Xeral de Depósitos.

El objetivo de la intervención es “la mejora de la movilidad peatonal y de la seguridad vial en la carretera AC-214”, detalla la Axencia Galega de Infraestruturas en el anuncio publicado ayer en el DOG. La Xunta decretó en diciembre de 2020 la utilidad pública y urgente ocupación de los bienes y derechos afectados.