Augas de Galicia abrió expediente sancionador por los vertidos al río Valiñas derivados de la anegación de los terrenos donde se construye una gasolinera, a unos seis metros del caudal, en Ledoño. Asociaciones ecologistas, culturales y vecinales y el BNG reclamaron el mes pasado la paralización de las obras por riesgo de afección medioambiental por vertidos al río y a la ría de O Burgo. Augas de Galicia defendió entonces que la obra era legal y que el propietario debía tomar medidas para prevenir inundaciones. Seis días después, sin embargo, dictó la apertura del expediente sancionador, que puede conllevar multas de entre 1.500 y 5.000 euros para la promotora de la obra, Estación de Servicio CLT Culleredo.

En inspecciones realizadas el pasado mes de enero a raíz de la denuncia, técnicos de Augas comprobaron la existencia de vertidos al río Valiñas que ocasionaban turbidez en el caudal hasta unos cinco metros aguas abajo del punto. Descartaron afección a la vegetación o los peces. La empresa aseguró en esas inspecciones que había adoptado medidas para tratar de paliar el vertido, aunque admitió que resultaban insuficientes.

La infracción de la ley por la que el ente autonómico incoa expediente consiste en “vertidos que puedan alterar la calidad del agua o las condiciones ambientales o hidráulicas del medio receptor, efectuados sin contar con la autorización correspondiente, cuando no existan daños derivados para el dominio público o cuando estos no sean superiores a 15.000 euros, así como los vertidos no autorizados a los sistemas de saneamiento cuando no existan daños derivados para las obras hidráulicas o cuando estos no sean superiores a 15.000 euros”. Las sanciones previstas para estos incumplimientos van desde 1.500 hasta 5.000 euros si no se produjeron daños y, en caso que se sí, la multa “no será inferior al triple de los daños que hubieran podido haberse ocasionado o del beneficio obtenido con la infracción, con un máximo de 30.000 euros”, detalla el texto de la ley.

Tras las denuncias de asociaciones y el BNG, todos los grupos de la Corporación municipal salvo el PP apoyaron una iniciativa del grupo nacionalista para reclamar a Augas de Galicia que revisase la autorización concedida para la construcción de la gasolinera. El ente autonómico rechazó en principio la petición de la paralizar los trabajos, que realizó en primer lugar la Sociedade Galega de Historia Natural, ya que la obra “no se encuentra en zona de flujo preferente y, por tanto, la actual legislación de agua no prohíbe su instalación”, alegó.