“Yo espero que este protocolo, si no esta semana, para la próxima ya lo tengan preparado los técnicos para que lo revisen los concellos antes de llevarlo a la comisión gestora y a pleno”, calculaba el presidente del Consorcio As Mariñas, José Antonio Santiso, en una entrevista a este diario, la primera semana de febrero, después de que se suspendiera la creación de la mancomunidad. Dos meses después, el texto que debe recoger la voluntad y el compromiso de los ocho concellos integrantes de respetar los estatutos y las decisiones que apoye la mayoría, además de detallar los servicios que se prestarán en conjunto, se mantiene todavía en elaboración, en busca del “consenso” perdido en los últimos tiempos en el seno del ente supramunicipal.

El escrito se redacta después de que seis de los ocho ayuntamientos votaran, el 2 de febrero, rescindir la creación de la mancomunidad, tras meses de tensiones y desavenencias internas, en especial, con el Concello de Oleiros, que llegó a denunciar en los juzgados al presidente, el interventor y el secretario del organismo comarcal por presunta prevaricación. Los concellos de Oleiros y Sada votaron en contra de la paralización en la reunión de la comisión gestora de la mancomunidad, que se celebró con la idea sobre la mesa, planteada por varios alcaldes, de formar un nuevo ente sin el ayuntamiento oleirense.

La dirección del Consorcio se limita ahora a asegurar que no se ha llevado a votación todavía el protocolo porque “se está trabajando en un texto consensuado”. Elude detallar los aspectos que han podido suscitar discrepancias y motivar la demora en la presentación del documento y evita también estimar plazos.

Este periodo de negociación del protocolo supone un retraso más en el camino de los concellos consorciados hacia el cumplimiento de la ley de bases de régimen local, que entró en vigor en enero de 2015. En estos seis años, los ayuntamientos integrantes —ahora ocho, tras la marcha de Arteixo— han adoptado y planteado diversas soluciones para cumplir con la norma. La opción que terminó por generar más diferencias fue la adscripción al Ayuntamiento de Oleiros, medida que se exige a los consorcios en la ley, motivo por el que los concellos pretendían disolver este ente y constituirse de nuevo como mancomunidad, figura que les eximiría de la exigencia de que Oleiros rinda cuentas del presupuesto comarcal al tiempo que lo hace del estado de las arcas municipales.

La constitución de una mancomunidad, trámite que quedó paralizado en febrero, se había dejado en un segundo plano cuando el Ayuntamiento de A Coruña, bajo el gobierno de Marea Atlántica, decidió reavivar la creación de un área metropolitana. La iniciativa no salió adelante en el pleno de la Corporación coruñesa, de modo que los concellos de la comarca retomaron la idea de la mancomunidad como solución más a largo plazo que la adscripción a Oleiros, opción provisional que terminó por complicar la definitiva.