El Concello de Sada acordó en mayo de 2018, una vez redactado el proyecto de demolición, habilitar la retención de crédito correspondiente, pero hasta casi un año después, en febrero de 2020, no se sacó a licitación, por más de medio millón de euros, la demolición del edificio de 38 viviendas del Camiño de Fiunchedo con sentencia firme por tener la licencia anulada. La apertura de ofertas aún se realizó el pasado diciembre (hay ocho empresas aspirantes). Por lo tanto, casi tres años después, aún no se ha acatado el fallo judicial de 2013. Mientras tanto los propietarios tratan de aprobar un plan para evitar el derribo.

El derribo de otro edificio (veinte años después de ser declarado ilegal), la cafetería El Náutico, se sacó a contratación en diciembre del año pasado por 171.816 euros (sin IVA) y el pasado enero finalizó el plazo de presentación de ofertas con 21 empresas aspirantes. Tampoco en este caso se han adjudicado aún los trabajos, aunque el Gobierno local incluyó esta actuación en los presupuestos, al igual que la de Fiunchedo.

El Gobierno municipal señala que los funcionarios municipales han recomendado esperar a la liquidación del ejercicio de 2020 para adjudicar estos dos contratos con cargo al remanente. El alcalde de Sada, Benito Portela, cree que la liquidación podría estar este mismo mes de abril.

Portela explicó además que también se han producido demoras por los requerimientos a las empresas participantes de documentación o subsanación de deficiencias. En el caso del contrato de la demolición del edificio de Fiunchedo, señala además que aún queda una mesa más por celebrar, para evaluar ofertas.

A pesar de varias sentencias judiciales de demolición de inmuebles en Sada por la gestión urbanística del exalcalde Ramón Rodríguez Ares, aún no se ha ejecutado ninguna. Ni el Náutico, ni el edificio de Fiunchedo, ni la urbanización de 24 chalés de La Soleada (la Xunta instó este enero al juzgado a que se ejecute el fallo que anuló su licencia).

La urbanización de Porto Brasa también tiene sentencia de demolición pero está pendiente de un trámite de inejecución del fallo judicial. En el caso de ocho chalés de la zona de O Loureiro, en Pazos, también se salvaron la mayoría de viviendas: se tiraron dos chalés pareados y se transformaron los ocho restantes en cuatro viviendas aisladas, también con el visto bueno de los tribunales.