El Ayuntamiento de Bergondo se enfrenta a una reclamación patrimonial de 68.573 euros más intereses por una caída en la playa de Gandarío. El Consello Consultivo ha dictaminado en contra de la propuesta del Concello bergondés de desestimar la solicitud por extemporánea.
Según recoge el dictamen, el reclamante sufrió lesiones en el año 2014 al tropezar con la tubería que atraviesa la playa, que suele estar cubierta por arena. A consecuencia de la caída, detalla el informe, el particular tuvo que someterse a dos operaciones quirúrgicas por fracturas del subtrocánter, la segunda de ellas, debido a la aparición de seudoartrosis.
El Consello Consultivo rechaza las conclusiones del Ayuntamiento bergondés y concluye que no puede considerarse prescrita la reclamación de responsabilidad patrimonial dado que, pese al tiempo transcurrido desde el accidente, no había transcurrido el plazo de un año que establece la ley desde la determinación del alcance de las secuelas.
El Consultivo no entra a valorar el fondo de la reclamación, solamente se pronuncia sobre si debe considerarse o no extemporánea por el tiempo transcurrido. El organismo insta al Concello a retomar la tramitación del expediente de reclamación patrimonial y analizar el resto de los presupuestos legales. A consulta de este diario, el Gobierno local explicó que elevó el expediente al Consultivo “para garantizar la seguridad jurídica”. “Ahora el Concello lo tramitará para definir los pasos a seguir”, apunta el Ejecutivo, que no se pronuncia sobre la cuantía.
El Concello ha solicitado ya los informes preceptivos de la Policía Local, el concejal responsable de equipamientos públicos, la secretaria municipal y dispone también de la valoración pericial de los daños realizada por dos especialistas de la compañía aseguradora. En base a las conclusiones de los informes, el Ayuntamiento bergondés determinará si procede o no indemnizar al reclamante y, de ser así, si considera . Concluido el expediente, deberá elevarse de nuevo a dictamen del Consello Consultivo al tratarse de una reclamación patrimonial por un importe superior a los 15.000 euros. Es la primera vez en más de veinte años que el Concello bergondés debe tramitar una expediente de este tipo ante el organismo consultivo.
