Los administradores concursales de Obralar, empresa que fue concesionaria del Centro Logístico de Transportes (CLT) de Ledoño, cuyo contrato rescató el Ayuntamiento tras detectar reiterados “incumplimientos”, prevé que el Concello rectifique y reconozca que debe pagar a la empresa por los bienes que ejecutó en el parque en la nueva liquidación que debe elaborar, tras tumbar el juez la aprobada por el Gobierno local en solitario en 2017. La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de A Coruña estimó el recurso de Obralar y ordenó al Ayuntamiento repetir la liquidación, además de concretar qué bienes debían revertirse y cómo debía efectuarse su valoración. En un auto fechado el 10 de marzo, el juez dio sesenta días de plazo a la Administración cullerdense para presentar la nueva liquidación.

Los administradores de Obralar, del despacho coruñés Talín Ferreiro Abogados, dan por sentado que el Concello reconocerá ahora que debe pagar a la empresa por los bienes que ejecutó en el CLT, en lugar de reclamar una indemnización, como planteó en la primera liquidación, en la que reclamaba 1,3 millones de euros a la empresa. Los letrados apuntan que, si el Ayuntamiento reconoce ya una cuantía a favor de Obralar, se podrá reclamar el pago. En caso de que la cuantía que plantee Culleredo no satisfaga a los administradores, reclamarían incrementarla en ejecución de la sentencia, que está pendiente de un recurso de Obralar.

El fallo esclareció qué bienes debían incluirse en la liquidación y cómo debía calcularse su valor y admitió buena parte de las reclamaciones de Obralar, mientras que desechó planteamientos del Concello que ya resultarán irrecuperables. El despacho explica que la resolución de su recurso a la sentencia solo puede mejorar los importes a favor de la empresa o dejarlos igual, pero nunca empeorar la valoración a su favor, puesto que el Ayuntamiento no recurrió el fallo por lo que esa parte ya es firme.

En su apelación, los administradores concursales demandan hasta 11,86 millones de euros (IVA incluido), una cuantía inferior a la que reclamaron en su recurso a la liquidación aprobada por el Concello en 2017, cuando demandaron 17,17 millones de euros y liquidación subsidiaria de 6,14 millones de euros. El juez determinó que, contra la reclamación inicial de la concesionaria, debían excluirse de la liquidación las zonas verdes y los viales, criterio con el que los letrado se muestran en desacuerdo.

Sobre la decisión del Ayuntamiento de no recurrir la sentencia, el despacho asegura desconocer los motivos y apunta a que la liquidación realizada en 2017 reclamaba una indemnización elevada y planteaba una valoración “muy baja” de los bienes objeto de reversión (edificio administrativo, locales destinados a servicio de acogida en el edificio de cafetería-restaurante, aparcamiento de pesados y báscula pública). El Concello aseguró que no recurría “tras valorar el fallo atendiendo a los intereses buscados por el Ayuntamiento y su estrategia de defensa”.