Varapalo judicial al Estado y a las partes codemandantes en la causa del pazo de Meirás. La Audiencia Provincial ha estimado el recurso de los herederos del dictador Francisco Franco contra las medidas cautelares que decretó el juzgado de primera instancia que les impedían retirar los bienes muebles hasta que una sentencia firme dirima la titularidad de As Torres. Los jueces han revocado la resolución de la magistrada Marta Canales, dan luz verde a los nietos del golpista a retirar muebles, obras de arte y enseres y condenan al Estado a indemnizarles por los daños y perjuicios que hubiese podido ocasionarles una “apropiación” injustificada. El auto es firme.
La Audiencia concluye que no cabe decretar la medida cautelar para impedir la retirada de los bienes muebles dado que la demanda del Estado se limitaba al inmueble y a las fincas. Al continente, no al contenido. Los jueces argumentan que el Estado tiene derecho a presentar otra acción reivindicatoria para reclamar el mobiliario, pero no a privar a los demandantes de su uso en base a una sentencia que no se pronunciaba sobre su titularidad. “Nunca se tocó esa cuestión en todo el litigio”, apuntan en el auto, en el que recalcan que la Ley de Enjuiciamiento Civil no permite imponer medidas cautelares en el proceso de ejecución de sentencia. Su resolución va en la línea de las advertencias de algunos expertos, que apuntaban hace meses a las dificultades legales de impedir la retirada de los bienes muebles del pazo de Meirás.
Los Franco salvan los muebles y el Estado recibe un duro revés. Los magistrados Rafael Fernández-Porto, María Josefa Ruiz Tovar y María José Pérez Pena deslizan más de un reproche en su resolución: “La medida cautelar, a la postre, ha degenerado en una incautación de la totalidad de los bienes muebles existentes en el interior del pazo,” , afirman los jueces, que llegan a cuestionar el encaje democrático de la resolución de primera instancia y de las pretensiones del Estado : “Parece obligado recordar que España, en la Constitución de 1978, se configura como un Estado social y democrático, siendo la igualdad ante la ley una de las características que diferencian a las democracias de los regímenes dictatoriales. Proclamada igualdad ante la ley que no solamente no distingue, sino que prohíbe distinguir. No caigamos en lo que decimos que rechazamos”·
Los jueces rechazan los argumentos del Estado, Xunta, Diputación y los ayuntamientos de Sada y A Coruña y niegan que el hecho de que el pazo de Meirás sea un Bien de Interés Cultural en la categoría de sitio histórico permita concluir que se trate de una unidad que integra también el mobiliario. Inciden los magistrados en que solo las esculturas del Mestre Mateo tienen la consideración de BIC y deben, por tanto, ser objeto de autorización autonómica para su traslado (obvian que la Xunta ha declarado ya provisionalmente BIC la biblioteca de Emilia Pardo Bazán, que debe ser objeto de las mismas cautelas). La Audiencia apunta que si el objetivo del Estado era impedir que los Franco pudiesen “desgajar” elementos arquitectónicos considerados inseparables del inmueble, así como bienes como cruceiros, hórreos o retablos, nada le hubiese impedido reclamar que estuviese presente una comisión judicial en el momento de la retirada del mobiliario o promover de forma anticipada un incidente de ejecución de la sentencia para dirimir que bienes formaban parte de forma inseparable de Meirás.
La Audiencia no se pronuncia sobre uno de los argumentos esgrimidos por el Concello de Sada, que alegó que escritura de compraventa del pazo de 1938 no solo incluía el inmueble, sino también “todo cuanto dentro del edificio exista” con solo un par dos salvedades.
Reacciones al auto
En la vista para dirimir la procedencia de las cautelares, el Estado defendió que lo que pretendía con estas medidas era preservar los bienes muebles del pazo hasta que una sentencia estableciese de forma definitiva la titularidad del inmueble y, en caso de que se confirmase que es propiedad estatal, proceder entonces a dirimir qué muebles y obras de arte debían permanecer en Meirás. El Gobierno defendió que un informe preliminar de Patrimonio Nacional confirma la existencia de mobiliario y piezas de Colecciones Reales Españolas y que la propia jefa del Servicio de Conservación abogó por revisar con tiempo la totalidad de los bienes histórico artísticos para dirimir su titularidad.
Técnicos de la Consellería de Cultura realizaron también un inventario que incluye 697 bienes, aunque sin detallar ni su valor ni su titularidad. El listado incluye piezas cuyo valor está fuera de toda duda, como las esculturas del Mestre Mateo, el retablo barroco de la capilla, una bula del papa Clemente VIII, una ánfora fenicia, mobiliario”tipo isabelino” o cuadros de Sotomayor, Zuloaga o Bertuchi, entre otros. Otros bienes, en cambio, no parecen de interés, como un “aplique de pared metálico”, “equipamiento sanitario del cuarto de baño”, “TV y mueble”, “revistero”, un “deshumidificador eléctrico”, una “perdiz disecada” o los “cráneos de corzo” que cubren la pared del vestíbulo.
A consulta de este diario, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática defendió que el auto de la Audiencia Provincial “solo resuelve que la medida cautelar que adoptó el juzgado de primera instancia para impedir que salieran los enseres del pazo no es ajustada a derecho”. El departamento que dirige Carmen Calvo recalca que los jueces no se pronuncian sobre la titularidad de los bienes y avanza que estudian “las acciones más convenientes para evitar el expolio del pazo de Meirás”, aunque no aclara si estas acciones pasan por una demanda para reclamar la titularidad del mobiliario y obras de arte.
El Concello de Sada instó ayer a la Xunta a modificar con urgencia el decreto por el que se declaró Bien de Interés Cultural en 2008 el pazo de Meirás para incluir un anexo con la relación de bienes que deben quedar incluidos en esta declaración por su importancia para interpretar este sitio histórico. El Gobierno local de Sada, que preside Benito Portela (Sadamaioría), ha reclamado insistentemente este trámite para blindar los bienes, algo a lo que se ha negado la Xunta hasta ahora alegando que la declaración de BIC ya incluía el mobiliario y obras de arte, extremo que la Audiencia niega.
“O la Xunta se mueve o después puede ser tarde. El pazo de Meirás quedaría degradado y desvalorizado si los Franco retiran los bienes muebles”, alerta Portela, que tacha de “lamentable” el auto de la Audiencia. “El Estado no incautó nada, quienes se apropiaron de los bienes durante años fueron los Franco. El Estado de Derecho también es la defensa de la integridad de un bien”, apuntó.
La Consellería de Cultura evitó aclarar ayer a este medio si acepta la petición del Concello de Sada modificar el decreto BIC para incluir los bienes muebles que deben quedar vinculados al pazo. El conselleiro, Román Rodríguez, explicó ayer que estudian el fallo. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, recalcó que el auto de la Audiencia “no pone en cuestión la propiedad” y sostuvo que la Xunta está “valorando ahora los bienes”. Los Franco celebraron ayer una resolución "muy contundente" que les da la razón, según declaraciones de su abogado, Luis Felipe Utrera-Molina a Europa Press.
