El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha dictado una diligencia en la que autoriza a los nietos del dictador Francisco Franco a retirar todos los bienes muebles del pazo de Meirás. En el escrito, la Justicia da un mes de plazo a los herederos del militar golpista para la “retirada de las cosas, bienes u objetos” que hay en el interior del inmueble, salvo aquellos enseres que hubiesen sido depositados por el Estado tras tomar posesión provisionalmente del pazo en diciembre de 2020.

La Abogacía del Estado y las partes codemandantes en el proceso, Xunta, Diputación y los ayuntamientos de Sada y A Coruña, pueden presentar un recurso de reposición en el plazo de cinco días.

La letrada de la Administración de Justicia da además diez días al Estado y partes demandantes para alegar contra la otra petición de los Franco, la de eliminar de las actuaciones el inventario de bienes redactado por técnicos de la Consellería de Cultura y el informe sobre la titularidad de alguna de las piezas elaborado por Patrimonio Nacional. Como ya informó este diario, los nietos del dictador reclaman que estos documentos no puedan usarse en el procedimiento y que las partes demandantes y los funcionarios que participaron en su elaboración “se abstengan con carácter indefinido de todo uso, utilización, invocación, divulgación y o revelación” .

Esta petición, si prospera, supondría en la práctica la destrucción de ambos documentos, dado que obligaría a negar su existencia a todos los efectos, e imposibilitaría su uso para una posible demanda de los bienes muebles o para ampliar el decreto por el que se declaró BIC el pazo de Meirás para incluir un anexo con los bienes asociados, las dos medidas que se plantean en este momento para intentar evitar el vaciado del pazo.

Arranca la cuenta atrás para el vaciado del pazo de Meirás y el Gobierno y la mayor parte de las administraciones codemandantes evitan avanzar sus planes. Solo el Concello de Sada anunció ayer que recurrirá la diligencia y que se opondrá también a la reclamación de los Franco de eliminar el inventario de bienes del procedimiento.

El Ministerio de Justicia se limitó ayer a decir que “estudian” las medidas a adoptar y la Consellería de Cultura, que “no hay ninguna novedad más en este momento”. El delegado del Gobierno, José Miñones, avanzó ayer que la Abogacía del Estado “va a estudiar el recurso posible” y remarcó que el Estado defenderá “lo que considera que es propiedad del Estado”. Hasta ahora , la Xunta se ha limitado a decir que se coordinará con la Abogacía del Estado para adoptar las medidas que correspondan y que velará porque “se queden en Galicia” las esculturas del Mestre Mateo y la biblioteca de Emilia Pardo Bazán, los únicos bienes con cierto blindaje por su condición de Bien de Interés Cultural, que obliga a los Franco a solicitar autorización antes de su mudanza. La Diputación y el Concello de A Coruña no se pronunciaron ayer al respecto.

El alcalde de Sada, Benito Portela, expresó ayer su malestar por este silencio. “¿Qué estuvieron haciendo el Estado y la Xunta durante este tiempo para impedir que los Franco dejen desnudo el pazo de Meirás? El Estado no interpuso recurso y la Xunta no adoptó ninguna medida administrativa cautelar. Los Franco pretenden despojar el pazo de todo su contenido interior y el Estado y la Xunta, de actores pasivos”, lamentó Portela, que instó a las administraciones a no guardar “ni un minuto más de pasividad ante las maniobras de los herederos del dictador”.

El Concello de Sada instó ayer nuevamente a la Xunta a modificar el decreto por el que se declaró Bien de Interés el pazo de Meirás para incluir un anexo con los bienes que deben permanecer asociados a este sitio histórico. Se trata de una medida que ha sido reclamada también por Iniciativa Galega da Memoria y el BNG. Cultura dice ahora que es competencia del Estado porque es patrimonio estatal, extremo que cuestionan especialistas consultados por este diario.

La líder del BNG, Ana Pontón, instó ayer a Xunta y Estado a “ponerse a trabajar sin ningún tipo de demora para evitar un nuevo saqueo”. Pontón calificó de “sorprendente” la decisión judicial, que considera “que todo lo que está dentro del pazo menos las paredes es propiedad de la familia Franco, incluyendo las estatuas del Pórtico de la Gloria o la biblioteca de Emilia Pardo Bazán”. “Estas situaciones son incompatibles con la sensibilidad democrática”.