El pleno de Sada ha dado carpetazo al debate sobre el derribo de El Náutico. La sesión ordinaria aprobó inadmitir el recurso de reposición del PP frente al acuerdo de la Junta de Gobierno que acordó el derribo de esta cafetería, que lleva años cerrada y cuya licencia fue anulada hace ya dos décadas. El recurso fue desestimado en base a unos informes de Secretaría que concluía que no era procedente por motivos formales.
El pleno de Sada aprobó también el jueves con los votos del Gobierno local rechazar una moción del PSOE que ya había sido debatida hace unos meses y aprobada con los votos del Ejecutivo municipal tras introducir una enmienda que modificaba sustancialmente el acuerdo. Secretaría estimó un recurso del PP e instó a tratar de nuevo la propuesta al entender que el acuerdo incumplía la normativa al ser idéntico a otro aprobado anteriormente.
La oposición reiteró su rechazo a demoler totalmente este edificio y alegó que la actuación responde a motivaciones políticas y no al interés general, La socialista María Pardo apeló nuevamente a un informe del arquitecto municipal del pasado diciembre que recogía que "no podía afirmarse que no existiese una alternativa a la demolición integral que pudiese satisfacer las diferentes determinaciones legales" y que recomendaba modificar el plan general para ampliar el ámbito del plan especial de infraestructuras y dotaciones del paseo marítimo e incluir dos sistemas generales de espacios libres y el tramo de la Rúa da Praia al entender que era la mejor solución para analizar la posibilidad de las piscinas descubiertas. El PSOE insistió en aplazar cualquier decisión sobre el derribo de El Náutico a la elaboración de este cambio en el planeamiento para analizar de forma conjunta la ordenación del borde litoral. María Pardo instó al BNG y Alternativa a “reconsiderar su postura” y les recriminó ser “presos de un pacto de gobierno que no se va a cumplir”.
El Gobierno local mantuvo su postura. El alcalde, Benito Portela, defendió que el derribo de El Náutico o las piscinas del paseo marítimo son “actuaciones compatibles con la ordenación del borde litoral”. La edil del BNG, Laura Rodríguez, no cuestionó que la demolición responda a una “decisión política”: “Eso no invalida la decisión, estemos o no de acuerdo”, incidió. El Gobierno local defiende que el derribo es coherente con un informe del arquitecto municipal encargado a raíz del recurso del PP que concluye que la demolición se ajustaba a las estipulaciones del Plan do Litoral y de las Directrices de Ordenación do Territorio y de la Lei do Solo y que “supone una mejora ambiental y paisajística para el ámbito en el que se sitúa”.
La moción fue finalmente rechazada con los votos del Gobierno local y da carpetazo al debate político, que no judicial, entorno al derribo de El Náutico, en fase de contratación. 21 empresas optan a los trabajos, valorados en 207.898 euros. El Gobierno local afirmó recientemente que aguardaba por la liquidación de las cuentas para adjudicar esta obra.
El pleno aprobó también la subvención para la reforma de la antigua unitaria de Carnoedo y la propuesta de obras del Plan Único con la abstención de la oposición. La sesión dio luz verde a una moción del PP, enmendada por el Ejecutivo, para modificar el Reglamento Orgánico Municipal y evitar que se aprueben propuestas con enmiendas que modifiquen sustancialmente los puntos de acuerdo sin el voto favorable del grupo proponente. Todos los partidos se mostraron de acuerdo con la propuesta y también con la enmienda del Ejecutivo de supeditar la modificación del ROM a un informe jurídico favorable.
El pleno acordó dejar sobre la mesa, con los únicos votos en contra de Sadamaioría, una moción del PSOE que instaba a modificar los actos administrativos relacionados con la oferta de empleo público y convocar una mesa de negociación para establecer los criterios que regirán los procesos de consolidación del personal temporal y que pasarían por un concurso-oposición o establecer que el proceso, siempre que fuese posible, pasase por una única prueba escrita. Los socialistas apelaron a la urgencia de terminar con la “precarización” del personal temporal. El resto de los grupos admitieron compartir el “espíritu” pero expresaron sus dudas sobre la viabilidad jurídica de la propuesta, especialmente Sadamaioría, que alegó que el pleno no era el órgano para tratar este asunto y que acusó al PSOE de pretender “usurpar la función sindical y del gobierno”. BNG, PSOE, PP y Alternativa aprobaron finalmente dejarla sobre la mesa hasta que se pronuncie Secretaría.
El momento más tenso de la sesión llegó en el turno de ruegos y preguntas. La socialista María Pardo atacó duramente al alcalde, al que acusó de demorar la licencia de la terraza del local hostelero de su marido, en la calle de la playa, por motivos políticos. La edil denunció que la tardanza del permiso abocó a su esposo a bajar definitivamente la persiana y afirmó que, a pesar de que fue “el primero” en solicitar la autorización, en diciembre, no recibió el permiso municipal con la preceptiva autorización de Costas hasta el 16 de abril, mientras que el resto de los negocios sí tenían sus terrazas. “El resto llevaban meses abiertas, presupongo que con licencia”, incidió la edil, que afirmó: “el alcalde condenó a este hostelero al cierre solo por ser pariente de un miembro de la oposición”. Benito Portela negó ningún tipo de discriminación y defendió que este fue el año en que antes se concedieron los permisos, que se eximió a los hosteleros de las tasas y se permitió ampliar superficie. “Lo que hizo el Concello fue intentar ayudar y no discriminar a nadie, siempre se pensó en el interés general”, zanjó. La concejala del BNG Isabel Reimúndez evitó pronunciarse al entender que corresponde a los técnicos aclarar “si hubo alguna ilegalidad”. María Nogareda, de Alternativa dos Veciños, admitió que el Gobierno local “no está haciendo bien las cosas” en algunas cuestiones, pero afirmó carecer de datos para pronunciarse sobre este extremo e invitó a tratar el asunto con todos los informes sobre la mesa.
