A punto de finalizar el plazo para recurrir la diligencia que da vía libre a los nietos del dictador Francisco Franco a vaciar el pazo de Meirás, el Estado y las administraciones codemandantes, Xunta, Diputación y ayuntamientos de Sada y A Coruña no han consensuado la estrategia a seguir. El celebrado “modelo Meirás”, ese frente común entre administraciones que según el Gobierno resultó clave para recuperar el pazo, se agrieta. Los Franco, en cambio, van a una. Los nietos del militar golpista han anunciado que se llevarán todos los bienes del interior del pazo y han solicitado permiso a la Xunta para retirar los dos BIC: las estatuas del Mestre Mateo y la biblioteca de Pardo Bazán. Francis Franco apuntó en declaraciones en Antena 3, que lo más probable es que la mayor parte de los bienes acaben en anticuarios o subastas.: “Imagino que la mayor parte los tendremos que vender, si tampoco hay valor, se habla tanto de los tesoros...”, sostuvo.

Las administraciones no solo no han coordinado una estrategia, sino que discrepan sobre sus competencias. La Xunta afirma que la suya se limita a velar por las estatuas del Mestre Mateo y la biblioteca de Pardo Bazán, y deja en manos del Estado la modificación del decreto por el que se declaró BIC el pazo para incorporar un anexo con el resto de elementos asociados a este sitio histórico. El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, avanzó ayer que la Xunta encargará informes a la Real Academia Galega, al Consello da Cultura Galega o la Real Academia Galega de Belas Artes, y a “catedráticos de prestigio” para intentar evitar con “argumentos solventes y sólidos” la retirada de los dos Bienes de Interés Cultural que permanecen en Meirás : “Siguiendo el sentir mayoritario de los gallegos intentaremos preservarlos para el patrimonio de Galicia”, afirmó.

Román Rodríguez contradijo al Concello de Sada y la Diputación, que han instado a la Xunta ampliar la protección del pazo al mobiliario, obras de arte y elementos patrimoniales del interior, y afirmó que es un trámite que no le corresponde a la Xunta. El conselleiro de Cultura defiende que es competencia del Estado, que tomó posesión provisional del pazo el pasado diciembre. “Los bienes del interior son de titularidad estatal. Los servicios jurídicos nos dicen que quien tiene que reclamar la propiedad o impulsar una declaración BIC, teniendo en cuenta que son bienes inscritos en el patrimonio del Estado, tiene que ser el propio Estado”, sostuvo el responsable autonómico, que se ofreció a colaborar con el Gobierno, aunque tampoco le instó públicamente a modificar el decreto BIC.

El Gobierno no aclaró ayer a este medio si comparte las conclusiones de la Xunta y si la modificación del decreto del BIC es unas de las vías que sopesa para impedir a los Franco retirar todos los bienes del pazo de Meirás. El Estado se ha mostrado parco a la hora de concretar las acciones que plantean para “evitar el expolio” y se limita a decir que sopesan un recurso y otras posibilidades. Expertos apuntan, entre otras posibles vías, a la presentación de un incidente de ejecución de sentencia, un recurso contra la diligencia que da vía libre al vaciado de Meirás o la interposición de una demanda para reclamar los bienes y su depósito cautelar.

El Concello de Sada ha sido la única administración que ha anunciado las medidas procesales que baraja y propuesto públicamente soluciones. El Ayuntamiento insiste desde hace meses en la necesidad de que la Xunta modifique el decreto BIC del pazo de Meirás para incorporar un anexo con los bienes muebles de interés para interpretar este sitio histórico, petición a la que se han sumado la Diputación, Iniciativa Galega pola Memoria y formaciones como el BNG. Nada más trascender el auto que revocaba el depósito cautelar, el Concello instó además al Estado a presentar un incidente de ejecución de sentencia. El Consistorio ha anunciado también que recurrirá la diligencia judicial que autoriza el vaciado de Meirás y ha instado a Xunta y Estado a tomar medidas. Su alcalde, Benito Portela, que hace unos días se mostraba dolido con el silencio de Xunta y Gobierno, cuestionó ayer la afirmación de la Consellería de Cultura. “Es verdad que el pazo es de titularidad estatal, pero no está adscrito a ningún servicio público estatal ni es del Patrimonio Nacional. Las competencias del BIC son de la Xunta. No es una cuestión competencial ni jurídica, es de voluntad política. Si la Xunta y el Estado no ejercitan sus competencias con las medidas administrativas y judiciales que Sada demanda, los Franco van a dejar desnudo el pazo, van a vender los bienes, desvalorizando y degradando un BIC", sostuvo el regidor, que pidió “ni un minuto más de pasividad”.

Entidades memorialistas insisten también en la importancia de explorar la vía de la modificación del decreto BIC para intentar blindar los bienes, dado que obligaría a los Franco a informar de cualquier traslado y obtener autorización autonómica para su mudanza. Esta posibilidad parece diluirse entre dudas competenciales. La Xunta es tajante y afirma que le corresponde al Estado realizar esta gestión en base a los artículos 6 y 9 de la Ley de Patrimonio Nacional. El Gobierno no se pronuncia, pero fuentes jurídicas consultadas por este diario cuestionan las conclusiones de la Xunta, coinciden con Sada en matizar que el Estado solo ha recuperado provisionalmente el pazo de Meirás y que este inmueble no forma parte de Patrimonio Nacional y no está adscrito de momento a ningún servicio gestionado por la Administración General del Estado, por lo que el Gobierno gallego mantiene la competencia del BIC. Llaman la atención sobre el hecho de que la propia Xunta tramita el BIC de la biblioteca de Pardo Bazán y empezó a hacerlo cuando ya se había decretado la ejecución provisional la sentencia que decretó que el pazo pertenece al Estado.

El juzgado ha dado a las administraciones un plazo de cinco días hábiles para recurrir, a contar desde la notificación de la diligencia, el 28 de abril. Las administraciones tienen los días contados para recuperar el “modelo Meirás”.