El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, salió ayer al paso de las críticas de la plataforma Iniciativa Galega pola Memoria y el Concello de Sada por la “pasividad” de Xunta y Estado en la defensa del patrimonio que atesora el pazo de Meirás tras la diligencia judicial que da vía libre a vaciar el inmueble. El responsable estatal defendió que la Abogacía del Estado “está trabajando en este asunto” y que espera poder dar más datos “en breve”. “El Gobierno no está parado en este asunto. Vamos a defender lo que consideramos que es del Estado”, afirmó.
El plazo para recurrir la diligencia judicial que da vía libre a los nietos del dictador Francisco Franco para retirar los bienes muebles finaliza mañana y, de momento, solo el Concello de Sada ha anunciado que presentará recurso. El Gobierno explicó hace unos días que analiza todas las vías jurídicas para “evitar el expolio” y la Xunta se ha limitado de momento a ofrecer su colaboración al Estado y a anunciar medidas para intentar evitar que los Franco se lleven de Galicia los dos Bienes de Interés Cultural que atesora el pazo: las estatuas del Mestre Mateo y la biblioteca de Emilia Pardo Bazán.
La Diputación evitó ayer avanzar a este diario su postura y el Concello de A Coruña tampoco se ha pronunciado todavía.
A la estrategia procesal se suman otras vías administrativas para intentar blindar los bienes, como la modificación del decreto por el que se declaró Bien de Interés Cultural el pazo de Meirás para incluir un anexo con los bienes que deben quedar asociados a este sitio histórico. El Concello de Sada ha reclamado reiteradamente este paso, que demandan ahora también entidades memorialistas y los grupos de la oposición, PSOE y BNG, en el Parlamento gallego.
La Xunta defiende que se trata de un trámite que debe realizar el Estado dado que ahora, argumentan, el pazo es patrimonio nacional. Iniciativa Galega pola Memoria, Sada y BNG y PSOE y expertos consultados por este diario cuestionan esta afirmación, apuntan que el pazo e instan al Gobierno gallego a actuar. El delegado del Gobierno, en cambio, abrió ayer la puerta a que sea el Estado el que asuma la modificación del decreto BIC: “La Abogacía del Estado está trabajando en este asunto afirmó y apeló a la “preocupación conjunta” de Xunta y Estado.
